Morena afina la movilización masiva programada para este sábado 16 de mayo en la ciudad de Chihuahua, donde buscarán reunir a miles de simpatizantes provenientes de distintos municipios gobernados por ese partido, en una operación política que podría representar un gasto cercano a los 40 millones de pesos.
De acuerdo con versiones al interior de estructuras municipales y operadores territoriales, la marcha enfocada en exigir juicio político contra la gobernadora Maru Campos estaría siendo financiada con recursos provenientes de ayuntamientos morenistas, principalmente Ciudad Juárez, Valle de Allende, Ignacio Zaragoza, Jiménez, Guadalupe y Calvo, Morelos, Madera y Nuevo Casas Grandes.
Las acusaciones apuntan particularmente hacia el Gobierno Municipal de Juárez, donde presuntamente habría circulado un oficio interno solicitando a directores generales y titulares de organismos descentralizados garantizar el traslado de personal a la capital del estado.
Tan solo en Juárez existen alrededor de 30 direcciones generales y siete organismos descentralizados, lo que representaría una movilización de al menos 3 mil empleados en aproximadamente 74 camiones.
A esta estructura se sumarían cerca de 5 mil operadores territoriales vinculados políticamente al proyecto de Cruz Pérez Cuéllar, además de brigadistas federales identificados como “Servidores de la Nación”, quienes operan programas sociales de la Secretaría del Bienestar en distintas regiones del estado.
Dirigentes y operadores de Morena estiman reunir más de 10 mil personas provenientes de diversos municipios, trasladadas en alrededor de 250 autobuses.
El cuestionamiento central gira ahora sobre el origen de los recursos que cubrirán renta de camiones, combustible, alimentos, bebidas y logística para miles de asistentes.
Distintas voces advierten que, de comprobarse el uso de recursos públicos municipales para fines partidistas, podrían configurarse delitos relacionados con peculado y desvío de recursos públicos.
Asimismo, señalan que en caso de que empresarios o particulares estén financiando la operación, deberá transparentarse quiénes son los patrocinadores y cuáles son sus vínculos con contratos o proveedores gubernamentales.
Ante ello, crece la presión para que la Auditoría Superior del Estado revise con detalle el manejo de recursos públicos relacionados con esta movilización política.
