El lunes, la Corte Suprema levantó la orden de un juez federal que prohibía a los agentes del gobierno realizar detenciones indiscriminadas relacionadas con la inmigración en el área de Los Ángeles, lo que los demandantes calificaron de “flagrante perfil racial”.
La breve orden del tribunal no estaba firmada ni exponía sus motivos. No es la última palabra en el caso, que está pendiente ante un tribunal federal de apelaciones y podría llegar de nuevo a los jueces.
Los tres miembros liberales del tribunal disintieron.
“No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno puede detener a cualquiera que parezca latino, hable español y parezca tener un trabajo mal pagado”, escribió la jueza Sonia Sotomayor, acompañada por los jueces Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.
“En lugar de quedarnos de brazos cruzados mientras se pierden nuestras libertades constitucionales”, añadió la jueza Sotomayor, “disiento”.
El fallo de la corte permite por ahora lo que los críticos dicen son patrullas itinerantes de agentes enmascarados que violan rutinariamente la Cuarta Enmienda y lo que los partidarios dicen que es un esfuerzo vigoroso pero legal para hacer cumplir las leyes de inmigración del país.
La falta de explicación de la mayoría sobre el fallo dificulta determinar si su razonamiento se aplica a nivel nacional o se limita al área de Los Ángeles, donde la administración ha señalado que los problemas derivados de la inmigración ilegal son especialmente graves. Sin embargo, caben pocas dudas de que el fallo tendrá el efecto práctico de reforzar aún más los inflexibles esfuerzos de la administración por deportar a los inmigrantes no autorizados en todo el país.
