La gobernadora Maru Campos encabezó la firma del Convenio para la paz y la justicia de las mujeres, que establece bases de coordinación interinstitucional para diseñar e implementar acciones de prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de la violencia.
Este acuerdo se alinea al Compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, suscrito en noviembre pasado por la mandataria y sus homólogos de las diferentes entidades del país, cuyo eje prioritario es la colaboración entre instancias para conseguir resultados integrales.
En su mensaje, la titular del Ejecutivo afirmó que la tarea de los gobiernos humanistas es agotar voluntades para que ninguna mujer viva violencia, acompañar a quienes la han sufrido y abrirles caminos reales para salir adelante, en un mundo lleno de injusticias y obstáculos.
Ejemplificó los esfuerzos por recuperar las estancias infantiles para que las chihuahuenses puedan trabajar y fortalecer su independencia económica, el transporte público seguro, la videovigilancia y una Fiscalía que da resultados, que se reflejan en los casi 600 violentadores llevados ante la justicia.
“Hay mucho por recorrer, pero cuando el Estado responde y responde con seriedad, y pone en el centro la dignidad de las mujeres, la esperanza y la justicia se convierten en una realidad cotidiana para miles de nosotros”, enfatizó.
Sostuvo que la instalación de mesas interinstitucionales ayudará a reforzar la protección, la atención y el acceso a la justicia, para lo cual también se impulsan campañas a favor de la igualdad, apoyo y acompañamiento a familias vulneradas, acciones en materia educativa y el apoyo a reformas en leyes locales.
“Juntas y juntos podamos decirles a las mexicanas y a los mexicanos, sobre todo a las chihuahuenses, que no están solas, que su dignidad y su seguridad importan, y que el futuro del país y de Chihuahua, se construye solo si hay mujeres libres, seguras y fuertes”, finalizó.
Maru Campos fungió como testigo de honor del acuerdo, que fue suscrito por la Fiscalía General del Estado, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres) y el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Las líneas de cooperación incluyen garantizar que las denuncias por violencia contra las mujeres se reciban y atiendan con la debida diligencia y sin discriminación, así como evitar su archivo indebido sin fundamentación.
También instalar una mesa de trabajo permanente para revisar, actualizar y fortalecer protocolos de atención, investigación y seguimiento, e implementar programas de capacitación para que las y los servidores públicos ejerzan sus funciones con perspectiva de género, enfoque de infancia y de derechos humanos, entre otras iniciativas.
Raquel Bravo Osuna, directora general del Ichmujeres, dijo que la firma de este documento materializa la decisión de continuar el trabajo para combatir la violencia de género, al fortalecer la coordinación de las instituciones que juegan un papel fundamental en dicha tarea.
Por su parte, Wendy Chávez, fiscal especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, indicó que aunque ya se implementen ciertas acciones, es fundamental institucionalizarlas, por lo cual, este es un paso más para brindar un respaldo sólido para las mujeres y las niñas.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera, dijo que esto surge para responder con sensibilidad, eficacia y coordinación a una de las prioridades fundamentales como sociedad: garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
“El acceso a la justicia no depende de una sola institución, sino de la articulación eficaz entre quienes investigan, quienes acompañan y quienes juzgan”, subrayó.
