EL PASO, Texas – Lo que inicialmente fue reportado por la administración federal como una “amenaza neutralizada” de cárteles mexicanos, resultó ser un incidente de falta de coordinación interna y un error de identificación. El cierre abrupto del espacio aéreo de El Paso el pasado martes fue provocado por el despliegue de un láser antidrones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), utilizado sin previo aviso a las autoridades de aviación.
Falta de coordinación aérea
Según fuentes familiarizadas con la situación, funcionarios de la CBP activaron un arma láser de alta energía —prestada por el Departamento de Defensa (DoD)— para derribar lo que consideraban una incursión de drones del crimen organizado. Sin embargo, la operación se realizó sin dar tiempo a la Administración Federal de Aviación (FAA) para evaluar los riesgos que esta tecnología representaba para los aviones comerciales en la zona.
La respuesta de la FAA fue inmediata y drástica: se ordenó el cierre del espacio aéreo por un periodo de 10 días, una medida de seguridad extraordinaria que sembró incertidumbre en la región.
De “amenaza militar” a error con un globo
Aunque el Secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró en redes sociales que la acción respondió a una incursión de drones de cárteles de la droga y que “la amenaza había sido neutralizada”, fuentes anónimas desmintieron la gravedad del objetivo.
”Los funcionarios de la CBP pensaron que disparaban contra un dron de un cártel, pero resultó ser un globo de fiesta“, revelaron personas informadas sobre el incidente bajo condición de anonimato.
Intervención de la Casa Blanca
La orden de cierre de 10 días fue levantada rápidamente el miércoles por la mañana tras una instrucción directa de la Casa Blanca. Pese a la presencia de personal del Pentágono durante el incidente, ni el Departamento de Defensa ni el Departamento de Seguridad Nacional han emitido comentarios oficiales hasta el momento. La FAA, por su parte, se ha negado a dar declaraciones.
El uso de láseres de alta energía forma parte de una estrategia de la administración Trump para combatir el uso de drones por parte de cárteles mexicanos, quienes emplean estos dispositivos para vigilancia y contrabando. No obstante, este episodio subraya los riesgos de desplegar armamento avanzado en zonas de tráfico civil sin los protocolos de comunicación adecuados.
