En los últimos días ha circulado el caso del señor Martín Aguilar, quien promovió un amparo alegando estar al corriente en el pago del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. Sin embargo, los registros de facturación y las inspecciones realizadas por el organismo operador del agua cuentan una historia muy distinta. Ante la presunta falsificación de información el caso se pudiera judicializar.
Según los datos oficiales, el señor Aguilar presenta adeudos correspondientes a los meses de agosto y septiembre, periodos en los que se registraron consumos de alrededor de 40 y 30 metros cúbicos respectivamente. No se trata, por tanto, de una mera diferencia administrativa, sino de una situación en la que se pretende engañar no sólo a la autoridad judicial, sino también a la opinión pública.
Lo más grave del caso no es únicamente el adeudo, sino las irregularidades detectadas en el propio inmueble. De acuerdo con las inspecciones técnicas, el medidor se encontraba instalado de manera inversa, lo que provoca que se registre un consumo menor al real. Esta práctica constituye una infracción a la Ley del Agua del Estado de Chihuahua y representa un acto deliberado para evadir responsabilidades.
Pese a la evidencia técnica y documental, el señor Aguilar ha intentado confundir a la ciudadanía argumentando que los registros de consumo se hacen “al tanteo”, cuando en realidad su propiedad cuenta con un medidor que registra de forma puntual y exacta los volúmenes utilizados. Este tipo de declaraciones, lejos de abonar a la transparencia, buscan sembrar desconfianza en las instituciones y desviar la atención de un problema que es, en esencia, de carácter personal y familiar.
No debe pasarse por alto que el recurso del amparo es un instrumento jurídico legítimo, creado para proteger los derechos fundamentales de las personas frente a actos de autoridad. Pero su uso indebido, sustentado en información falsa o engañosa, debilita el sentido de justicia y entorpece el funcionamiento de las instituciones.
El agua es un recurso vital que pertenece a todos. Pretender evadir su pago o manipular los mecanismos de medición es, en última instancia, un agravio a la comunidad. Si exigimos servicios eficientes, también debemos cumplir con nuestras obligaciones. La transparencia y la honestidad comienzan en casa, no en los tribunales.
