Lo que comenzó como un esfuerzo legítimo por proteger a la infancia en espacios institucionales, hoy se ha tornado en un proceso plagado de inconsistencias, sesgos y, lamentablemente, sangre. La reciente ejecución del abogado Óscar Gael Cano Rodríguez, defensor de una de las imputadas del caso Techo Comunitario, nos obliga a mirar más allá de los titulares: ¿realmente estamos ante un combate a la impunidad o frente a una persecución jurídica cargada de intereses oscuros?. La autoridad dice que probablemente la ejecución se llevó por otros motivos ya que el jurista también defendía a dos integrantes de un grupo delictivo.
Van dos abogados defensores asesinados en menos de un año —el primero, César Gaspar Castañeda Candelaria, en julio de 2024, y ahora Cano Rodríguez este 8 de junio— No dejan de ser señales, la suspicacia se da y pudiera ser reflejo de lo que ocurre alrededor de las guarderías auspiciadas por el IMSS y el ISSSTE no es un simple caso judicial. Hay mucho más en juego.
Abogado asesindo
La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, encabezada por Wendy Paola Chávez Villanueva, ha delegado en su subordinada en Ciudad Juárez, Verónica Gaspar Camacho, el protagonismo legal de esta cruzada. Ella ha liderado imputaciones en múltiples casos, casi con una obsesión persecutoria, y en un contexto donde los casos carecen de una narrativa judicial coherente, las imputaciones se multiplican. Muchas de ellas terminan en prisión preventiva sin pruebas contundentes, según ha señalado la propia defensa.
Brenda Lara, asesora de víctimas en la CEAVE, ha sido señalada como figura parcial, presente de forma constante en las audiencias, mientras que la jueza de control Brisa Yadira Meraz Mendoza ha dictado al menos una no vinculación a proceso por falta de pruebas. La balanza, sin embargo, parece inclinarse con fuerza del lado acusador, y la pregunta que flota en el aire es: ¿por qué?
En esta “limpieza institucional”, los nombres de las guarderías han sido expuestos: Mi Pequeño Tambor, Guardería Loon, Niñito Jesús, Mi Mundo de Colores, ISSSTE EBDI 32, Techo Comunitario. Las trabajadoras han sido procesadas una a una: Teresa Johana T. E., Lourdes Z. M., Graciela L. R., Blanca Patricia R. S., Rosa Iveth V. G., Norma Laura V. B., Naomi Yamilé R. P. La lista crece, como si se tratara de una cacería bien orquestada.
Detrás del discurso de justicia y protección infantil, hay quienes señalan un móvil más crudo: intereses económicos. Las guarderías representan contratos, concesiones, y flujos millonarios que podrían estar en disputa. En este juego, no hay espacio para ingenuidad: el silencio del IMSS y el ISSSTE es tan elocuente como la ausencia de respaldo institucional a las concesionarias. Las organizaciones civiles como GUARDIANNA A.C. y la CEAVE se mantienen al margen de esta tensión jurídica, enfocadas en acompañar a las familias, pero no pueden —ni deben— ignorar que el sistema judicial parece haber sido capturado por una dinámica de poder, venganza y beneficios personales.
La justicia no puede construirse sobre el miedo.
