El reciente anuncio de la administración de Donald Trump sobre la posible suspensión del “habeas corpus” ha encendido las alarmas entre juristas, defensores de derechos civiles y organizaciones que apoyan a las personas en contexto de movilidad, ya que la medida afectaría tanto a migrantes como a estadounidenses.La propuesta significa que el Gobierno podría detener indefinidamente a personas sin darles la posibilidad de defenderse ante un juez, pero también afectaría a ciudadanos estadounidenses en determinadas circunstancias; sin embargo, es una medida que sólo puede tomar el Congreso, dijo el abogado de migración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office.“Muchos de los inmigrantes ganan sus casos gracias al “habeas corpus”, porque han sido detenidos injustamente, incluso con green card o visas válidas. Suspender ese derecho sería deshumanizarlos legalmente”, señaló.El “habeas corpus”, recogido en el Artículo I, Sección 9, Cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos, garantiza a toda persona detenida el derecho a contar con un juez para impugnar la legalidad de su detención.“Este derecho no es opcional ni negociable; es la piedra angular del sistema judicial estadounidense”, y suspenderlo sería poner al Ejecutivo por encima de la misma Constitución, advirtió el abogado de inmigración.Según declaraciones de Stephen Miller, la medida se encuentra “activamente en evaluación” como respuesta a jueces que “no hacen lo correcto” respecto a políticas migratorias, lo que para muchos representa un desafío directo a uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho en Estados Unidos: su Constitución.Pero, desde un enfoque legal, un presidente no puede suspender este derecho. La única autoridad que puede suspender el “habeas corpus” es el Congreso, y sólo en casos de rebelión o invasión cuando la seguridad pública lo exija.“Así lo establece la Constitución y lo ha ratificado históricamente la Corte Suprema, que ha limitado su uso incluso durante tiempos de guerra. No hay condiciones actuales que justifiquen esa medida. Estados Unidos no está en guerra ni en estado de insurrección que amerite tal suspensión”, subrayó Quiroga.Relató que, a lo largo de la historia de Estados Unidos, la suspensión del “habeas corpus” ha ocurrido en contadas y extraordinarias ocasiones. Entre 1861 y 1863, durante la Guerra Civil, Abraham Lincoln lo suspendió unilateralmente para contener la insurrección confederada, una acción que fue declarada inconstitucional por un juez, aunque más tarde fue avalada temporalmente por el Congreso.En 1871, se aplicó la suspensión en Carolina del Sur, con respaldo legislativo, como parte de una estrategia federal para restaurar el orden y proteger a los ciudadanos afroamericanos durante la reconstrucción.En 1942, Franklin D. Roosevelt no lo suspendió formalmente, pero mediante órdenes ejecutivas autorizó la detención masiva de ciudadanos japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, negándoles en la práctica el derecho a impugnar sus detenciones.Esta política, décadas después, fue reconocida como un error por el Congreso y el propio Gobierno, que ofrecieron disculpas y reparaciones a las víctimas. Estos precedentes demuestran que cualquier intento de limitar este derecho debe estar estrictamente justificado por circunstancias excepcionales y aprobado por el Congreso, comentó el abogado.“Cada vez que se ha suspendido el ‘habeas corpus’ ha sido bajo condiciones extremas, y no sin consecuencias legales o históricas. Lo que hoy propone el presidente Donald Trump no tiene el mismo contexto ni justificación, pero sí podría tener consecuencias iguales de dañinas para la democracia”, dijo el abogado.Uno de los argumentos planteados por Miller es que los jueces bloquean las decisiones del presidente. Sin embargo, esa es precisamente la función del Poder Judicial dentro del sistema de pesos y contrapesos, señaló Quiroga al destacar que es importante tener en cuenta que los tribunales no están para complacer al Ejecutivo, sino para garantizar que sus actos estén dentro del marco legal.Dijo que, al respecto, la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece procedimientos específicos para detenciones, audiencias y apelaciones. Además, tanto USCIS como los tribunales de inmigración deben respetar el debido proceso. “Un sistema migratorio justo necesita leyes claras. Es fundamental tener en cuenta que ya existen vías legales para expulsión o detención, pero deben estar bajo supervisión judicial”.
Prende Trump otra vez alarmas entre migrantes
