Ciudad Juárez, Chihuahua – En una serie de denuncias que están generando gran revuelo en la región, propietarios de terrenos colindantes con los del Magistrado Civil Eduardo Filiberto Terrazas Padilla han acusado al alto funcionario judicial de intentar apropiarse ilegalmente de miles de hectáreas. Los demandantes aseguran que el magistrado está utilizando su posición e influencias ante el Tribunal para llevar a cabo lo que califican como un despojo sistemático de tierras.
Los acusadores, que incluyen a varios propietarios locales, afirman que Terrazas Padilla ha estado presentando documentos falsificados y manipulando procesos legales con el objetivo de quedarse con terrenos pertenecientes a personas ajenas a su círculo cercano. Según los testimonios, el magistrado ha utilizado su poder dentro del sistema judicial para inclinar las decisiones a su favor, lo que ha suscitado una creciente preocupación por la corrupción dentro del poder judicial.
“Este es un caso de abuso de poder en su máxima expresión. Nos hemos visto obligados a presentar nuestras denuncias ante diversas autoridades, pero la influencia del magistrado parece ser tan fuerte que las acciones contra él son mínimas”, expresó uno de los afectados, quien prefirió mantenerse en el anonimato.
La acusación ha causado un fuerte impacto, no solo entre los propietarios de terrenos, sino también entre la comunidad jurídica y política de la región. En los últimos días, varios abogados y activistas han mostrado su apoyo a los denunciantes, exigiendo una investigación imparcial sobre el caso y la destitución inmediata del magistrado si se comprueban las irregularidades.
Hasta el momento, las autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Estado no han emitido una respuesta oficial sobre las acusaciones. Sin embargo, se espera que en las próximas semanas se realice una reunión pública para abordar la controversia y establecer medidas correctivas.
Mientras tanto, los afectados continúan luchando por recuperar sus propiedades y esperan que la justicia prevalezca ante lo que consideran una operación ilegal y abusiva por parte del magistrado. La situación pone en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas dentro de las instituciones judiciales, especialmente cuando personas con cargos de poder son señaladas por posibles actos de corrupción.
