El caso de José Luis Q. C. no solo estremece por la brutalidad con la que se cometieron los hechos, sino porque nos enfrenta nuevamente con una de las realidades más dolorosas y urgentes de nuestro tiempo: la violencia feminicida en México. Que una mujer haya sobrevivido a un intento de feminicidio, luego de haber sido violada, asfixiada y quemada, no es un milagro: es una prueba más del horror cotidiano que enfrentan miles de mujeres en nuestro país, muchas veces en silencio, muchas veces sin justicia. Hablamos del agresor de Leticia.
Lo que ocurrió el pasado 10 de marzo en Ciudad Juárez no puede ser reducido a una simple nota policial. Es un llamado de alarma que nos exige actuar, indignarnos y no mirar hacia otro lado. Este no es un caso aislado. Es parte de una estructura profunda de violencia, impunidad y misoginia que, durante décadas, ha sido tolerada, minimizada o incluso encubierta por las instituciones y por la sociedad misma.
La vinculación a proceso del imputado y su prisión preventiva son pasos importantes. Pero no suficientes. La verdadera justicia no solo se mide por sentencias, sino por la capacidad del Estado para prevenir estos actos. ¿Qué falló para que una mujer pudiera ser engañada, secuestrada, violentada sexualmente y luego casi asesinada en pleno 2025? ¿Dónde estuvo el sistema antes de que su vida ardiera, literalmente?
Afortunadamente, esta mujer sobrevivió. Y al hacerlo, también denunció. Su valentía debe ser reconocida, pero no debe ser necesaria. Ninguna víctima debería tener que escapar del fuego para que su historia sea escuchada.
La Fiscalía ha cumplido con su deber hasta ahora. Pero el reto sigue siendo mayor: acompañar a la víctima en su proceso de reparación, garantizar su seguridad y evitar que otros casos como este se repitan. La violencia feminicida no solo arranca vidas, también fractura familias, comunidades y deja una herida abierta en la conciencia social.
Hoy, más que nunca, debemos dejar claro que no hay espacio para la impunidad. Que ningún agresor debe sentirse seguro, ni en Chihuahua ni en ningún rincón del país. Y que como sociedad no solo pedimos justicia: la exigimos.
Porque una vida más no se puede perder esperando que el sistema funcione.
