Por primera vez invocan el artículo 34 de la Convención Internacional
La magnitud del problema de las desapariciones en México —con más de 126 mil casos registrados oficialmente— podría colocar al país en el escrutinio internacional, específicamente ante la Asamblea General de la ONU. Esto tras el anuncio del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), que ayer activó el artículo 34 de la Convención Internacional en la materia. Esta medida abre la posibilidad de que, si se confirma un contexto generalizado o sistemático de desapariciones forzadas, el caso sea presentado ante el máximo órgano de Naciones Unidas, informó desde Suiza el presidente del comité, Oliver Frouville.
De acuerdo con organizaciones sociales, esta es la primera vez que el CED inicia un procedimiento bajo el artículo 34 contra un Estado, considerado el recurso más severo del que dispone dicho comité. La decisión se da tras una visita realizada a México hace más de tres años y luego de emitir diversas recomendaciones al Estado mexicano.
México encabeza la lista de países con más acciones urgentes emitidas por el CED: hasta septiembre de 2024 se contabilizaban 681 solicitudes. A través de estas acciones, se ha requerido al Estado mexicano tomar medidas inmediatas para buscar, localizar y proteger a las personas desaparecidas, según informes previos.
El artículo 34 de la Convención establece que, si el Comité recibe información que sugiera de forma fundamentada que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en el territorio de un Estado parte, y tras solicitar toda la información pertinente, podrá llevar el caso, con carácter urgente, ante la Asamblea General de la ONU mediante su secretaría general.
Durante la clausura del 28° periodo de sesiones del comité, en Suiza, Oliver Frouville declaró que el CED recibió un informe que, en su opinión, presenta elementos sólidos que apuntan a la existencia de desapariciones forzadas de forma general o sistemática en México.
En consecuencia, y conforme al artículo 34, el comité decidió solicitar primero al Estado mexicano toda la información relevante sobre esta situación. Esta solicitud no prejuzga las etapas posteriores del procedimiento y será enviada en las próximas semanas.
Cooperación y diálogo
Frouville subrayó que el objetivo del Comité contra las Desapariciones Forzadas es mantener una relación de cooperación y diálogo constructivo con el Estado, a fin de lograr la implementación plena de la Convención.
En este contexto, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Fundación para la Justicia e Idheas coincidieron en que la activación del artículo 34 responde a la falta de acciones efectivas del Estado mexicano para enfrentar el problema de las desapariciones, así como a su omisión en establecer una política nacional para prevenir y erradicar este fenómeno, tal como fue recomendado por el CED en 2021.
En otro tema, las organizaciones civiles Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y Solidaridad Consultora informaron que el CED ordenó medidas cautelares al Estado mexicano tras el hallazgo de restos humanos y numerosos objetos personales en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.
Indicaron que las autoridades deberán asegurar la preservación de los restos óseos y de los objetos encontrados, además de garantizar el acceso a la información, así como la participación y protección de los familiares de las personas desaparecidas.
