Ciudad Juárez. – El 19 de febrero del 2020, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informaba que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cancelaba el proceso de desalojo de quienes tuvieran adeudos en el pago de su crédito, sin embargo, a la vuelta de 5 años, este mandato aún está pendiente.
De acuerdo a Griselda Sosa, abogada dedicada a la defensa de la vivienda, y dirigente de El Barzón en Ciudad Juárez, el principal motivo del incumplimiento a la orden presidencial es la corrupción que existe en las instancias involucradas, como son el Infonavit, el sistema judicial, notarios y particulares a través de inmobiliarias.
Durante su conferencia de prensa de ese miércoles 19 de febrero del 2020, muy a su estilo, el entonces mandatario federal expuso: “La gente que escuche por el teléfono: ‘si no paga los van a desalojar’, pues que cuelgue”, y aseveró que “se canceló todo el proceso de desalojo, vamos a que se termine”.
“Quien piense que se ha aplicado lo dicho por el entonces presidente de México, está equivocado”, dijo.
“Los desalojos se mantienen por las componendas que, desde siempre, ha existido entre el sistema judicial, las inmobiliarias y los funcionarios del Infonavit”, expuso.
Dijo que, en Ciudad Juárez, y en el estado de Chihuahua, opera un cartel inmobiliario, en el que incluso, hay funcionarios públicos involucrados, y quienes, en la actualidad, al ostentar el poder son intocables.
Manifestó que también están coludidos notarios públicos, jueces, actuarios, y obvio, las inmobiliarias.
“La red de corrupción es extensa y tiene varios frentes, pero todos van a desembocar al Infonavit, en donde está el origen del problema”, apuntó.
Recordó que hace unas cuantas semanas, el Infonavit, la Notaría 10 de Juárez y la Notaría 29 de Chihuahua, así como la Inmobiliaria “Casas Juárez”, fueron señalados en una denuncia penal por fraude y usurpación de identidad en perjuicio de un trabajador, quien fue despojado, sin darse cuenta, de una vivienda en Riveras del Bravo etapa V, la cual fue vendida unos meses después por la inmobiliaria en mención.
“Este tipo de fraudes son muy comunes; son el pan de cada día”, explicó.
La dirigente de El Barzón, indicó que el Cártel Inmobiliario tiene una estructura operativa similar a la de otros grupos delictivos, como quienes trafican con migrantes, o quienes lo hacen con droga.
“Se tiene conocimiento que en su estructura operativa tienen lo que conocemos como Halcones, es decir, personas que hacen labores de vigilancia en los fraccionamientos, y que luego pasan la información de alguna vivienda sola a su jefe inmediato”, expuso.
Añadió que, al detectar una vivienda sola, otras personas acuden al Infonavit en donde se les otorga la información del estatus del crédito, el que luego adquieren por una suma ridícula.
“Para llegar a la compra del crédito, hay seguir un proceso legal que obviamente es simulado, y al que se prestan notarios, jueces, actuarios y funcionarios”, dijo.
Externó que es notoria la falta de interés de las autoridades para atender estas denuncias, que dijo, son muchas, pero que a ninguna instancia le ha interesado frenar estos abusos.
Citó como ejemplo de lo anterior la denuncia que, en marzo 6 del 2024, el afectado del caso de Riveras del Bravo interpuso ante la Fiscalía Zona Norte, sin embargo, a la vuelta de un año y días, aún no avances en las indagatorias, y el delito sigue impune.
“Y así como el asunto de Riveras del Bravo hay muchos más sin resolver, porque es una situación generada por la red de corrupción que existe en el ramo inmobiliario”, externó.
“Pese a los dichos del entonces ex presidente López Obrador, y por la actual mandataria Claudia Sheinbaum, el mal sigue, y es difícil combatirlo, sobre todo, cuando no se tiene la voluntad por los intereses generados”, concluyó
