Por: Adrian Ahjuech
La reciente reforma impulsada por Martí Batres y aprobada por la bancada de Morena en la Ciudad de México ha encendido las alarmas entre quienes ven en esta modificación un grave riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos. En el centro de la controversia se encuentra la modificación del artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, que ahora sujeta la propiedad privada al control del Estado de manera más explícita, alineándola con el artículo 27 de la Constitución Federal.
El artículo 3 de la Constitución de la CDMX originalmente protegía la propiedad privada, reconociéndola como un derecho inalienable de los ciudadanos. Sin embargo, con la reforma aprobada por Morena, se ha agregado una cláusula que subordina este derecho al “interés público” y a la “propiedad originaria de la Nación.” En palabras simples, esto significa que el gobierno de la Ciudad de México se reserva el derecho de intervenir en los bienes privados si considera que es necesario para un supuesto bien común, abriendo una peligrosa puerta para futuras expropiaciones o intervenciones arbitrarias.
El alcance de esta modificación es profundo. En teoría, la propiedad privada sigue siendo un derecho protegido, pero ahora bajo condiciones que el gobierno puede definir de manera ambigua. Esto genera un ambiente de inseguridad jurídica para los ciudadanos y empresarios, quienes podrían ver sus propiedades vulnerables a decisiones políticas disfrazadas de “interés público”. La inclusión del término “propiedad originaria de la Nación” refuerza esta subordinación, dando al Estado un poder casi ilimitado para decidir sobre lo que hasta ahora había sido un derecho básico y protegido.
Batres y su bancada en Morena han intentado vender esta reforma como un “avance social,” argumentando que está diseñada para proteger a las mayorías de los abusos de los poderosos. Sin embargo, lo que realmente se esconde tras esta narrativa es un retroceso hacia prácticas autoritarias, donde el gobierno se otorga a sí mismo el poder de decidir quién merece conservar su propiedad y quién no. Esta reforma no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también podría tener un efecto devastador sobre la inversión privada y el desarrollo económico en la capital.
La reforma es alarmantemente ambigua. No define con precisión qué constituye el “interés público,” dejando este concepto a la interpretación de quienes están en el poder. Este vacío legal es una herramienta peligrosa en manos de un gobierno que ha demostrado poca tolerancia a la crítica y una clara inclinación hacia el control estatal. La falta de claridad y las amplias facultades que se otorgan al Estado son una receta perfecta para el abuso de poder y la violación de derechos fundamentales.
Si esta reforma es una muestra de lo que Morena y Martí Batres tienen preparado para la Ciudad de México, entonces estamos ante un preocupante futuro donde la propiedad privada podría estar a merced de los caprichos del poder. Las consecuencias pueden ser devastadoras: desde la paralización de inversiones hasta un éxodo de capitales, pasando por el miedo generalizado entre los ciudadanos que ya no pueden confiar en que sus propiedades estarán seguras.
La reforma al artículo 3 de la Constitución de la CDMX no es un simple ajuste técnico; es un atentado directo contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. Martí Batres y su bancada en Morena han dado un paso más hacia la consolidación de un Estado autoritario, donde la propiedad privada es un derecho condicional y frágil. Este peligroso precedente no debe ser ignorado, ya que sienta las bases para un futuro donde la libertad y la seguridad jurídica están seriamente comprometidas. Es hora de que la ciudadanía, las organizaciones civiles y los partidos de oposición alcen la voz antes de que sea demasiado tarde.
