En su reciente informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su administración ha sido respetuosa “hasta el extremo” del Poder Judicial y Legislativo. También mencionó que, en casos de corrupción, ha impulsado reformas judiciales y solicitó a Estados Unidos que respete la democracia mexicana.
López Obrador destacó que, aunque su gobierno ha respetado la autonomía de los poderes, no ha vacilado en señalar actos de corrupción dentro del Poder Judicial. “Hemos actuado de manera respetuosa, hasta el extremo, y no hemos buscado negociar para obtener aprobaciones”, subrayó, añadiendo que su administración ha preferido denunciar la corrupción en lugar de perpetuar prácticas del pasado.
En este contexto, justificó la iniciativa enviada al Congreso para permitir que sea el pueblo quien elija a jueces, magistrados y ministros, con el objetivo de asegurar que impartan justicia en beneficio de todos, y no al servicio de la delincuencia organizada o de la “delincuencia de cuello blanco”.
Durante su discurso, López Obrador planteó una consulta a la multitud reunida en el Zócalo, preguntándoles si preferían que los ministros fueran elegidos por el presidente y los senadores, o por el pueblo. Esta pregunta retórica sirvió para reafirmar su postura en favor de una reforma profunda en el sistema judicial, en línea con sus principios de democracia participativa.
El presidente también hizo un llamado a reflexionar sobre los orígenes de la democracia en América, haciendo hincapié en que en Estados Unidos, la democracia comenzó con la elección popular de los jueces. “Lo digo con todo respeto, y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó con la elección de los jueces”, enfatizó, sugiriendo que tanto críticos como vecinos del norte revisen la historia para comprender mejor su propuesta.
Esta reforma, si es aprobada, representaría un cambio radical en el sistema judicial mexicano al transferir al pueblo la facultad de elegir a quienes imparten justicia. La propuesta ha suscitado un intenso debate en los círculos políticos y sociales del país, con algunos que la ven como un avance hacia la democratización del poder y otros que la critican por considerar que podría politizar aún más la justicia en México.