El Congreso de Baja California, bajo el control de Morena, ha aprobado una ley que provoca indignación en cualquier persona con sentido común. Esta legislación permite que menores de edad cambien su género en el acta de nacimiento, un hecho que se ha materializado en los municipios de Mexicali y Playas de Rosarito, ambos gobernados también por Morena. Este primer caso en Playas de Rosarito, donde se modificó el género de una menor, se ha convertido en un símbolo de cómo una ideología impuesta desde el poder puede corromper las instituciones y poner en peligro a los más vulnerables: los niños.
Este tipo de legislación, impulsada por la diputada Michel Sánchez Allende, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes del Congreso de Baja California, no solo pone en manos de los menores, decisiones que deberían ser tomadas con plena madurez, sino que también obliga a las Oficialías del Registro Civil de los ayuntamientos a modificar las actas de nacimiento de niños y adolescentes. Esta reforma, que ha sido justificada en nombre del “derecho a la identidad de género”, se alinea con los principios de la Cuarta Transformación, pero en realidad solo refuerza la agenda ideológica de Morena, a costa del bienestar infantil.
La bancada del PAN, liderada por la diputada Alejandrina Corral, se opuso firmemente a esta ley, denunciando que los niños no tienen la capacidad para tomar decisiones tan trascendentales y acusando a Morena de distraer al público con “cortinas de humo” en lugar de enfocarse en verdaderas políticas públicas que protejan a la niñez. Sin embargo, la maquinaria morenista, en colaboración con más de 50 colectivos feministas y activistas de la comunidad LGBT, logró imponer esta reforma que, lejos de ser un avance en derechos, representa un peligro para la salud mental y emocional de los menores.
En contraste, en Chihuahua, también bajo el impulso de Morena y numerosos colectivos feministas, se intentó aprobar la Ley Vicaria, una legislación que se disfrazaba de protección hacia las mujeres, pero que en realidad “cosifica” a los niños, utilizándolos como armas en los conflictos de pareja. El diputado Carlos Olson del PAN, fue claro al señalar que esta ley ignora a las verdaderas víctimas de la violencia familiar, que son los menores. Gracias a la presión social y política, esta ley fue retirada de la agenda legislativa en Chihuahua, evitando así que ese estado cayera en el mismo error que Baja California.
El caso de Baja California demuestra cómo la ideología de Morena, que gobierna en Mexicali, Playas de Rosarito y gran parte del estado, está dispuesta a sacrificar la inocencia y el bienestar de los niños en nombre de un supuesto avance de derechos que en realidad solo sirve para imponer una agenda política específica. Es urgente que los legisladores pongan un alto a estas manipulaciones y se centren en proteger verdaderamente a la infancia, respetando su derecho a un desarrollo saludable y libre de presiones ideológicas.
