En las últimas semanas, los estados de Tamaulipas y Chiapas han sido testigos de una escalada alarmante de violencia que ha afectado severamente la vida cotidiana de sus habitantes. Esta ola de delincuencia no solo ha forzado el cierre de establecimientos comerciales, como las tiendas Oxxo y Oxxo Gas en Nuevo Laredo, sino que también ha obligado a muchas personas en Chiapas a abandonar sus hogares en busca de seguridad. La situación evidencia la incapacidad de los gobiernos estatales, encabezados por los representantes del partido Morena, Rutilio Escandón en Chiapas y Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas, para controlar la delincuencia organizada.
El 29 de julio, FEMSA tomó la decisión sin precedentes de cerrar temporalmente sus operaciones en Nuevo Laredo debido a los altos niveles de violencia que ponían en riesgo la integridad de sus colaboradores. Este hecho refleja no solo la gravedad de la situación, sino también la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades estatales. La instalación de botones de pánico y el refuerzo de seguridad en las tiendas Oxxo y gasolineras Oxxo Gas, aunque necesarias, son medidas reactivas que llegan tarde y no abordan las raíces del problema: la presencia dominante del crimen organizado en la región.
En Chiapas, la violencia ha alcanzado niveles tan críticos que las parroquias de Santa Catarina y San Pedro Apóstol, pertenecientes a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, han denunciado públicamente la ingobernabilidad en el estado. Los bloqueos carreteros y enfrentamientos entre grupos criminales han forzado a los habitantes a huir de sus comunidades. Las denuncias de complicidad entre las autoridades y el crimen organizado agravan aún más la situación, sugiriendo una profunda corrupción que socava cualquier esfuerzo genuino de restaurar el orden y la seguridad.
La respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a estos eventos ha sido de una desfachatez alarmante. López Obrador no solo ha minimizado el desplazamiento de mexicanos hacia Guatemala, calificándolo como algo propio de las “circunstancias” del país, sino que también ha señalado que la violencia en Chiapas no es un indicio de ingobernabilidad. En lugar de asumir la responsabilidad de proteger a los ciudadanos, el presidente ha normalizado la violencia y ha desviado la atención hacia la supuesta manipulación de los adversarios políticos. “México es un país muy grande, hay como en todas partes conflictos, pero no es un asunto de ingobernabilidad,” afirmó, subestimando la gravedad de la situación y la desesperación de aquellos que han buscado refugio en Guatemala.
Esta respuesta insensible y evasiva subraya la falta de voluntad política para enfrentar la crisis de seguridad que afecta a Tamaulipas y Chiapas. Las autoridades estatales y federales, en lugar de actuar con firmeza, han optado por minimizar la situación y desviar la atención. La ciudadanía no puede seguir viviendo bajo el yugo del miedo y la violencia. Es imperativo que se implementen políticas de seguridad efectivas y se fortalezca el estado de derecho. Solo así se podrá devolver la paz y la estabilidad a estos estados, y evitar que la ingobernabilidad se extienda a otras regiones del país.
La arrogancia de los gobernadores de estos estados, que se niegan a aceptar sus fallas, nos llevará a un caos mayúsculo. Esta misma arrogancia se refleja en la federación, cuya falta de apoyo a la ciudadanía y a los estados que no están de acuerdo con ellos hará un daño irreparable. Es preocupante imaginar lo que significaría para Chihuahua estar bajo el gobierno de Morena, viendo los pésimos resultados en Tamaulipas y Chiapas. La creciente violencia y la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad básica de los ciudadanos no deben ser el destino de más estados en México. La apuesta por Morena en Chihuahua sería un error de graves consecuencias, exponiendo a sus habitantes a un escenario de ingobernabilidad y complicidad con el crimen organizado.
La lucha contra la delincuencia organizada no es solo una cuestión de fuerza policial y militar, sino también de voluntad política y compromiso con la justicia. Los gobiernos estatales de Morena tienen la obligación de demostrar que están del lado de los ciudadanos y no de los criminales. La historia juzgará severamente a quienes, teniendo el poder para actuar, optaron por la inacción y la complicidad.
