A pesar de ser un concepto en constante formación, la concepción de movilidad se ha ampliado en sus términos y engloba no sólo aquello que es inherente al transporte desde una perspectiva tradicional entendida como el desplazamiento de personas o bienes entre un origen y un destino consumiendo recursos cuantificables, sino que además incluye todas aquellas condicionantes, necesidades, motivaciones y percepciones de los individuos, situando al ciudadano y al usuario en el centro de todo el sistema.
Es innegable que se está produciendo una transformación disruptiva en las políticas de movilidad a nivel nacional que ha ido permeando a las entidades y por ende a los municipios, tal como se contempló desde la aprobación y entrada en vigor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
En ese orden de ideas, los retos de coordinación que demanda la nueva legislación general deberían haberse abordado de manera anticipada a fin de priorizar la preparación efectiva ante las recientes atribuciones que se otorgan a estados y municipios, así como la plena garantía de congruencia y coordinación entre los instrumentos de planeación y movilidad.
Si bien hemos tomado como punto de referencia la legislación general, hemos de decir que para quien escribe estas letras, era ya evidente que el crecimiento de las ciudades y las condiciones actuales requerían de una urgente regulación de las cuestiones viales, abordándolas desde las necesidades del transporte movilizado, pero sin dejar de lado a peatones y a quienes utilizan transporte no motorizado.
Es por ello que, desde la legislatura pasada presentamos desde el grupo parlamentario de morena, una propuesta de Ley de Movilidad y Seguridad Vial para que, desde el ámbito local, se coordinarán tanto el estado como los municipios para integrar y administrar el sistema de vialidad, tránsito y transporte a través de esquemas de colaboración institucional para el cumplimiento de los objetivos y fines en este rubro, apoyándose de órganos colegiados especializados.
Si bien, la propuesta quedó como un gran pendiente de la legislatura, a principios de este periodo legislativo, se retomó tanto la presentación como la mejora de la propuesta, haciendo además un llamado a la comisión dictaminadora para la instalación de mesas técnicas que involucrarán tanto a los representantes gubernamentales como a especialistas y la sociedad civil, lo que se materializó y concluyó con la celebración de cerca de 40 reuniones de la mesa técnica.
El avance ha sido lento, pero se ha concretado de la mano de foros ciudadanos en diferentes ciudades, en reformas incluso al Código Municipal para que los ayuntamientos consideren la creación de la comisión edilicia de movilidad, y recientemente, en la aprobación en la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado del dictamen que conjunta diferentes propuestas de legislación.
Quizá hemos sido testarudos y hemos insistido en cambiar nuestra realidad, buscando eso sí, avances y, por ende, mejoras en las condiciones de la población, por el bien de todas y todos, ¡Celebremos y ejerzamos nuestro derecho a la movilidad!
