Por Omar Bazán
Aunque la educación es un derecho humano fundamental, las mujeres embarazadas enfrentan ciertos tipos de discriminación, como en otros ámbitos, ésta se manifiesta de diversas formas.
Que van desde la expulsión directa, negación de matriculado y falta de apoyo adecuado para dar continuidad a sus estudios. Actualmente los gobiernos dan énfasis a políticas de prevención al embarazo a través de inyección de recursos de “salud reproductiva”, pero escasean políticas de superación académica para embarazadas.
Si bien se ha avanzado en flexibilizar las condiciones para las estudiantes embarazadas, persisten controles extremos que coartan su desarrollo académico, por ejemplo, tienen que avisar sobre su embarazo anticipadamente y mostrar justificante médico que lo avale o para justificar inasistencias. Además que la acreditación de materias está supeditado.
Se trata en expresiones basadas en estereotipos de género y prejuicios que consideran el embarazo adolescente como una desviación moral que debe ser castigada. Además, refuerzan la idea de que las mujeres deben asumir un rol pasivo y limitado al ámbito doméstico, especialmente cuando se convierten en madres.
En este contexto, he propuesto que se reforme una fracción del artículo 168 de la Ley Estatal de Educación, a fin de prestar el servicio educativo a mujeres embarazadas.
La exclusión educativa de mujeres embarazadas tiene un impacto negativo en su salud mental y emocional ya que se pueden generar sentimientos de vergüenza, baja autoestima y desesperanza.
También tiene implicaciones legales por lo que las instituciones educativas deben ser responsables y cumplir con sus obligaciones legales de proporcionar un entorno inclusivo y no discriminatorio.
De ahí que sea fundamental promover políticas y prácticas inclusivas en el ámbito educativo. Las escuelas y universidades deben desarrollar y aplicar políticas claras que prohíban la discriminación contra las mujeres embarazadas y garanticen sus derechos.
Bajo la posibilidad de adaptar horarios, proporcionar acceso a guarderías, así como asesoramiento y apoyo emocional.
Otra opción es implementar campañas para sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de apoyar a las mujeres embarazadas. Los docentes, administradores y compañeros de clase deben ser capacitados para entender y respetar las necesidades y derechos de las estudiantes embarazadas.
Debemos partir de que la participación de las mujeres embarazadas en la educación también tiene un impacto positivo en la sociedad en general. Invertir en la educación de las mujeres embarazadas es, por lo tanto, una inversión en el futuro de la sociedad.
En conclusión, expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a mujeres embarazadas es una práctica discriminatoria que tiene profundas implicaciones negativas para las personas afectadas y para la sociedad en general.
El marco legal propuesto, quedaría redactado de la siguiente manera:
Artículo 168.-
…
I.- al XXV.- …
XXV. Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niños, niñas, adolescentes y demás personas que presenten problemas de aprendizaje o a mujeres embarazadas, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a Padres o Tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los Educandos.
