Ante el pleno del Congreso del Estado, propuse una reforma a la Ley Estatal de Salud, para penalizar el uso del asbesto, un aspecto que busca preservar la vida, la salud y el ambiente de las personas frente a los riesgos conocidos a su exposición.
A nivel mundial el asbesto, ha sido prohibido en numerosos países, pues al usarse por sus propiedades aislantes al calor, causa enfermedades graves, incluyendo cáncer de pulmón, mesotelioma y asbestosis. A pesar de estos peligros, el asbesto sigue siendo utilizado en varios países.
La iniciativa quiere favorecer una penalización estricta de quienes introduzcan, importen, exporten, almacenen, mezclen, comercialicen, fabriquen, formulen, distribuyan, suministren (incluso gratuitamente) y usen materiales y productos que contengan asbesto.
El asbesto es un carcinógeno humano, los científicos descubrieron fibras microscópicas de asbesto, cuando se inhalan, pueden quedar atrapadas en los pulmones y otros tejidos, causando inflamación y cicatrización que pueden llevar al desarrollo de enfermedades mortales.
Las fibras de asbesto pueden persistir en el medio ambiente durante décadas, contaminando el suelo y los cuerpos de agua. La extracción, el procesamiento y la eliminación inadecuada de materiales que contienen asbesto pueden liberar fibras peligrosas al aire, afectando no solo a los trabajadores, sino también a las comunidades cercanas y al ecosistema.
Muchos países han reconocido los peligros del asbesto y han implementado prohibiciones estrictas. La Unión Europea prohibió todos los usos del asbesto en 2005, y otros países como Australia, Japón y Corea del Sur han seguido su ejemplo. Estos precedentes demuestran que es posible y necesario tomar medidas legislativas drásticas para proteger la salud pública.
Las sanciones penales actuarían como un disuasivo efectivo, asegurando que las empresas y los individuos se abstengan de utilizar asbesto, y motivando a la adopción de alternativas más seguras.
La penalización estricta también contribuiría a la protección del medio ambiente. Al impedir el uso y la liberación de fibras de asbesto, se reduciría significativamente la contaminación ambiental y sus efectos nocivos a largo plazo. Esto ayudaría a mantener los ecosistemas saludables y proteger la biodiversidad.
Para implementar la penalización, es necesario establecer un marco legal claro y robusto. Las leyes deben definir claramente las actividades prohibidas y las sanciones correspondientes. Las sanciones deben ser suficientemente severas para disuadir cualquier intento de violar la prohibición, incluyendo multas significativas y penas de prisión para los infractores.
Un sistema eficaz de monitoreo y supervisión es esencial para garantizar el cumplimiento de la prohibición. Esto incluye inspecciones regulares, sistemas de reporte obligatorio para la detección de asbesto en productos y materiales, y la colaboración con agencias internacionales para prevenir el tráfico ilegal de asbesto.
Además de las medidas legales, es crucial educar y concienciar a la población y a las empresas sobre los peligros del asbesto y las alternativas disponibles. Las campañas de concientización pueden ayudar a reducir la demanda de productos que contienen asbesto y fomentar prácticas seguras y sostenibles.
La penalización de quienes introduzcan, importen, exporten, almacenen, mezclen, comercialicen, fabriquen, formulen, distribuyan, suministren y usen materiales y productos que contengan asbesto es una medida urgente y necesaria para proteger la salud pública y el medio ambiente.
Los riesgos asociados con el asbesto son bien conocidos y graves, y muchos países ya han tomado medidas decisivas para eliminar su uso. Implementar sanciones penales estrictas y establecer un sistema robusto de monitoreo y concientización ayudará a erradicar el uso de este material peligroso, garantizando un futuro más seguro y saludable para todos.
