Desafía promesa de Trump de procesar legalmente a sus rivales las normas

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Las elecciones podrían depender en parte del tipo de sistema judicial que el país cree que tiene ahora y que quiere en el futuro.

Nueva York.- El expresidente Donald J. Trump dice que está preparado para procesar a sus enemigos políticos si es electo en este otoño.

Simplemente, al hacer esas amenazas, aseguran expertos legales, le hace un daño real al imperio de la ley.

Sin embargo, si ya está desafiando las normas básicas acerca del sistema de justicia como candidato, si Trump gana nuevamente la presidencia, podría obtener una inmensa autoridad para llevar a cabo ese tipo de castigos legales que ha estado promoviendo.

El Departamento de Justicia forma parte del poder ejecutivo y él será su jefe.

Podrá decirles a sus funcionarios que investiguen y procesen a sus rivales y Trump, quien no ha mantenido en secreto su deseo de purgar la burocracia federal de los que no han sido lo suficientemente leales a su agenda, podrá despedir a los que se rehúsen.

Aunque el Departamento ha mantenido tradicionalmente una sustancial independencia, eso sólo ha sido porque los presidentes se la han otorgado.

Si el sistema legal se resiste a los procesos políticos en un segundo término de Trump, dependerá mayormente de los jueces y jurados rechazarlos.

Los comentarios de Trump sobre sus planes de llevar a cabo procesos legales tienen un propósito político inmediato, destacar su argumento de que su condena en Nueva York fue el producto de un esfuerzo realizado por los demócratas para impedir que sea electo nuevamente y darle tranquilidad a su base.

Aunque también tienen un efecto, parcialmente incidental y parcialmente calculado, de socavar la fe en la integridad del sistema de justicia penal, algo que podría tener efectos profundos en una nación en donde el imperio de la ley ha sido fundacional.

Trump y sus simpatizantes han argumentado que el sistema está politizado, señalando los cuatro procesos penales contra él como una evidencia irrefutable — una afirmación rechazada por aquellos que dicen, incluyendo a un ex presidente o principal candidato presidencial, que nadie está por encima de la ley.


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