Es la segunda ocasión que las autoridades hacendarias de España acusan a la cantante colombiana.
Shakira recurrió a una compañía basada en un paraíso fiscal para evadir impuestos, señalaron los fiscales de Barcelona en un comunicado.
La cantante ya fue notificada de los cargos en Miami, donde vive, de acuerdo con el comunicado.
Shakira ya tiene un juicio pendiente en Barcelona, programado para iniciar el 20 de noviembre, en un caso separado que se basa en el sitio en el que vivió entre 2012 y 2014. En ese caso, los fiscales alegan que no pagó impuestos por valor de 14,5 millones de euros (15,4 millones de dólares).
Los fiscales de Barcelona han afirmado que la ganadora del Grammy pasó más de la mitad del periodo de 2012 a 2014 en España y por lo tanto debió de haber pagado impuestos en la nación europea, aunque su residencia oficial estaba en las Bahamas.
Los funcionarios fiscales españoles abrieron el último caso contra Shakira en julio. Tras revisar la evidencia recopilada en los últimos dos meses, los fiscales decidieron presentar cargos. De momento no se ha fijado una fecha para el juicio.
Llorente y Cuenca, la empresa de relaciones públicas que ha manejado los asuntos de Shakira, no realizó comentarios de manera inmediata.
En julio, la firma señaló que la artista siempre había “actuado siempre conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas”.
Shakira, cuyo nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, ha estado vinculada a España desde que empezó a salir con el futbolista ya retirado Gerard Piqué. La pareja, que tiene dos hijos, vivió en Barcelona hasta el año pasado, cuando pusieron fin a su relación de 11 años.
Durante la última década, las autoridades hacendarias españolas han tomado medidas enérgicas contra astros del fútbol como el argentino Lionel Messi o el portugués Cristiano Ronaldo por no pagar todos los impuestos que les corresponden. Esos jugadores fueron declarados culpables de evasión fiscal, pero no fueron enviados a prisión gracias a una provisión que permite al juez no imponer sentencias de menos de dos años de duración a quienes son delincuentes primerizos.
