Al financiamiento de campaña se suman los recursos que tendrán los institutos políticos para el mantenimiento ordinario.
Ciudad de México.- El Consejo General del INE aprobó el financiamiento público que tendrán los partidos en el 2024, el cual deberá avalarse en sus términos por la Cámara de Diputados.
Al financiamiento de campaña se suman los recursos que tendrán los institutos políticos para el mantenimiento ordinario, como es el pago de nómina, servicios públicos, inmuebles, así como para sus actividades específicas, en las que se incluyen capacitación, investigaciones o impresiones de libros.
Así, sumados todos los rubros, Morena tendrá un presupuesto global de 3 mil 130 millones 588 mil 318 pesos; el PAN mil 876 millones 316 mil 59 pesos; el PRI mil 838 millones 491 mil 651 pesos; Movimiento Ciudadano 988 millones 908 mil 908 pesos; el PVEM 864 millones 700 mil 606 pesos; el 722 millones 979 mil 137 pesos; y el PT 690 millones 992 mil 779 pesos.
Durante la sesión, los representantes de los partidos defendieron la tajada que recibirán, argumentando que la distribución no es un capricho y son altos para evitar la entrada de dinero ilegal.
“El financiamiento de los partidos no fue una concesión gratuita, sino es el resultado de sacar de la designación de nuestros gobernantes la mano de los empresarios, de los banqueros, de los industriales.
“Se busca que estos recursos públicos sean fiscalizados y aquellos que son de origen privado, tengan un origen lícito y un monto máximo para seguir garantizando la equidad en la contienda”, argumentó el petista Pedro Vázquez.
El priista Hiram Hernández justificó que no se puede escatimar ni regatear recursos a los partidos o al INE, pues “la democracia tiene un precio”.
Los consejeros demandaron a los partidos responsabilidad en el uso de sus prerrogativas, pues, les recordaron, es dinero de los mexicanos.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aclaró que el organismo no decide la fórmula, solamente la ejecuta para distribuir los recursos.
Las consejeras electorales les exigieron invertir el 3 por ciento de su financiamiento ordinario a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, pues, lamentaron, no lo hacen pese a ser una obligación constitucional.
“Es primordial revisar lo que ocurre con este gasto programado y verificar si con el ejercicio del mismo se promueve debidamente la igualdad sustantiva.
“Revisar si es necesario reformular el monto que debe corresponder a esta fuente de financiamiento, así como a las reglas para su fiscalización mediante un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados que estos programas generan y que no deben ser sólo un medio para la comprobación del gasto”, añadió Taddei.