En días pasados se denunció al abogado Oscar Acosta por parte pobladores del Valle de Juárez quienes se están viendo afectados porque no se puede concluir unas obras que los beneficiará directamente a ellos, donde se acusó ex director de tránsito de utilizar argumentos judiciales para cobrar al gobierno del estado más de 100 millones de pesos para continuar con los trabajos y concluir las obras.
Héctor Hernández expresó que Hipólito Estrada, exlíder de la CNC y operador político del PRI en años anteriores, se benefició con programas de gobierno donde se quedó con maquinaria y equipo de invernadero, porque se dieron recursos a fondo perdido hoy busca obtener millonarias sumas de dinero por terrenos que son del ejido de San Agustín.
Recordó que Hipólito Estrada es acusado de despojos en el Ejido San Agustín, por lo que tiene una denuncia en su contra. El señor pidió prestado los terrenos y cuando fue presidente del ejido se los adjudicó únicamente porque él cree que se los merece.
Hoy el abogado Oscar Acosta crea una cortina de humo para evitar que Hipólito Estrada sea juzgado por por la autoridad por los delitos de despojo y robo contra los pobladores de San Agustín. Lo están presentando como una persona vulnerable y afectada para que al momento de ser detenido por los delitos que se le señalan pueda decir que es víctima.
Los correligionarios del PRI como lo es Oscar Acosta están buscando beneficios personales. Aunque Oscar Acosta se ostenta como representante de los ejidatarios de San Agustín, únicamente representa al 10 por ciento de todos los ejidatarios del pueblo, y según la ley de la Reforma Agraria la mayoría es la que manda y esta la tiene San Agustín.
Expresó que el corredor turístico traerá mayor seguridad a los habitantes de los pobladores de la zona del Valle, vemos que los delitos que se presentan son menores a cómo se tenían antes y esto es gracias a la presencia de los elementos de la Guardia Nacional.
La intención que tiene Hipólito Estrada con esta campaña donde usa a Oscar Acosta, es frenar la obra y presionar al gobierno que le pague nada más y nada menos que la cantidad de 100 millones de pesos y a cambio “parar sus acciones legales” que ha emprendido contra las obras que realiza el gobierno estatal en la zona.
