Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo prometiendo investigar los peores escándalos de derechos humanos en México. Y ninguno fue más grave que la Guerra Sucia librada por las fuerzas de seguridad desde la década de 1960 hasta la década de 1980, en la que cientos de presuntos guerrilleros de izquierda fueron torturados y desaparecidos, algunos arrojados desde aviones al Océano Pacífico.
Sin embargo, casi dos años después de que el presidente estableciera una comisión de la verdad para descubrir los secretos de ese oscuro capítulo, surgieron indicios de que el investigador principal del Gobierno fue atacado con software espía de grado militar, según un informe obtenido por The Washington Post.
El software espía Pegasus fue detectado en el teléfono de Camilo Vicente Ovalle, según el análisis forense de Citizen Lab, un centro de investigación digital de la Universidad de Toronto. Vicente Ovalle, quien coordina el trabajo de la comisión de la verdad, había recibido un correo electrónico en diciembre de Apple advirtiendo que podría haber sido blanco de “ataques patrocinados por el Estado”.
El presunto hackeo es parte de una creciente evidencia de que los civiles que investigan los abusos a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas de México, incluidos activistas, periodistas e incluso funcionarios cercanos al presidente, están siendo atacados con malware.
El informe de Citizen Lab no abordó la cuestión de quién podría haber usado Pegasus para hackear el teléfono de Vicente Ovalle. El Grupo NSO, que desarrolló el software espía, dice que sólo tiene licencia para las agencias gubernamentales (NSO cuestionó los hallazgos de Citizen Lab). Las investigaciones de grupos de derechos digitales y organizaciones de medios han señalado al Ejército mexicano como la institución detrás de los presuntos ataques. Citaron el momento y los objetivos, así como los documentos sobre su adquisición de software de vigilancia en 2019. El New York Times informó en abril que el Ejército era la única agencia en México que aún opera Pegasus, citando fuentes familiarizadas con los contratos.
Bajo el predecesor de López Obrador, el presidente Enrique Peña Nieto, el Gobierno mexicano usó agresivamente Pegasus para rastrear en secreto a narcotraficantes, así como a periodistas, activistas y políticos de la oposición, según investigaciones de Citizen Lab, grupos de derechos digitales y periodistas. Pero cuando López Obrador asumió en 2018, prometió acabar con el espionaje ilícito a mexicanos no sospechosos de delitos. Levantó esperanzas de que el país finalmente desentrañaría lo sucedido durante la Guerra Sucia y otro caso notorio, la desaparición en 2014 de 43 personas que estudiaban en la escuela de maestros de Ayotzinapa.
Ponen en duda las esperanzas
Ahora los informes de vigilancia están poniendo en duda las esperanzas de un ajuste de cuentas real.
“Esto es increíblemente preocupante”, dijo José Miguel Vivanco, durante mucho tiempo director para América Latina de Human Rights Watch, quien ahora trabaja para Dentons Global Advisors. Dijo que la última revelación, junto con los informes recientes de que el principal funcionario de derechos humanos de López Obrador había sido pirateado con Pegasus, había creado un momento decisivo para el presidente.
“Ésta es probablemente la evidencia más seria de que el Ejército hoy ni siquiera está bajo el control de AMLO”, dijo, refiriéndose al presidente por sus iniciales.
Vicente Ovalle y Citizen Lab declinaron hacer comentarios. Ni la Secretaría de Defensa de México ni el vocero de López Obrador respondieron a las solicitudes de comentarios.
López Obrador ha negado que militares vigilen a periodistas o defensores de derechos humanos. El mes pasado, después de que el New York Times informara sobre el descubrimiento de Pegasus en el teléfono de Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno y aliado de López Obrador desde hace mucho tiempo, el presidente reiteró: “nosotros no espiamos”.
La negativa del presidente a condenar los ataques sugirió que estaba atrapado entre sus compromisos con los derechos humanos y su creciente dependencia del Ejército. López Obrador no sólo depende de las fuerzas armadas para luchar contra los cárteles de la droga; también amplió sus responsabilidades para incluir la supervisión de puertos marítimos, el despliegue de vacunas contra el coronavirus y la construcción de importantes proyectos de obras públicas, como nuevos aeropuertos.
“Un Estado democrático tiene que tener control sobre sus instituciones de seguridad e inteligencia. Todo indica que no es así”, dijo Pérez Ricart, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas. “El presidente tiene que poner un alto a esto. Sus comentarios públicos no han sido satisfactorios”.
Encinas supervisa las investigaciones del Poder Ejecutivo sobre la Guerra Sucia y las desapariciones de Ayotzinapa, que han sido atribuidas a policías locales y narcotraficantes con la supuesta complicidad de militares. También está a cargo de los esfuerzos para encontrar a las más de 110 mil personas actualmente reportadas como desaparecidas, un número que ha aumentado rápidamente desde que el Gobierno lanzó su guerra contra los cárteles de la droga en 2006. Vicente Ovalle trabaja en su oficina.
Encinas no respondió a una solicitud de comentarios.
Citizen Lab concluyó que el teléfono de Vicente Ovalle, u otros dispositivos cuya información fue respaldada en el teléfono, había sido molestado por Pegasus. El análisis no pudo determinar las fechas de la infección, pero un correo electrónico de Apple que advierte sobre posibles “ataques patrocinados por el Estado”, recibido por Vicente Ovalle y revisado por The Post, sugiere que tuvo lugar en la segunda mitad del año pasado.
Uno de los episodios más represivos
La Guerra Sucia es uno de los episodios más represivos en la historia del sistema de partido único que gobernó México durante la mayor parte del siglo XX. En el apogeo de la Guerra Fría, el Ejército mexicano y otras fuerzas de seguridad detuvieron y torturaron a cientos de guerrilleros de izquierda, estudiantes, agricultores pobres y otros.
Muchos nunca fueron vistos o escuchados de nuevo.
En el estado de Guerrero, donde una rebelión rural armada fue reprimida violentamente, al menos 239 personas desaparecieron, según un informe de la comisión estatal de la verdad. Algunos probablemente fueron enterrados en tumbas sin nombre; otros fueron arrojados de aviones militares y sus cuerpos se hundieron en el Océano Pacífico.
Sin embargo, a diferencia de otros países latinoamericanos que sufrieron abusos similares a los derechos humanos en ese momento, México nunca ha contado realmente con esa historia. Ha habido una impunidad generalizada para quienes llevaron a cabo las desapariciones de la Guerra Sucia.
En 2002, el entonces presidente Vicente Fox estableció una fiscalía especial para investigar los crímenes de la Guerra Sucia. Pero sus resultados fueron “profundamente decepcionantes”, dijo Human Rights Watch en un informe de 2006. El grupo culpó a la falta de recursos y la resistencia de los militares.
López Obrador, quien hizo campaña con promesas de transformar el Gobierno, dijo que su administración finalmente haría las paces. En 2021, lanzó la primera comisión nacional de la verdad para investigar lo que sucedió durante la Guerra Sucia, localizar a los desaparecidos y sentar las bases para posibles enjuiciamientos. Está examinando el período de 1965 a 1990.
Vicente Ovalle fue encargado de supervisar las operaciones diarias de la investigación del Gobierno. Destacado historiador, ha pasado años estudiando las desapariciones forzadas y otros abusos cometidos por el Gobierno durante la Guerra Sucia. También tiene una conexión personal con el período: cuando tenía 5 años, sus padres, de una ciudad en el estado de Oaxaca conocida por el activismo de izquierda, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad y recluidos en régimen de incomunicación.
Bajo su liderazgo, la comisión obtuvo acceso a los antiguos sitios de prisiones clandestinas dentro de las instalaciones del Ejército, lo que permitió la visita de los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos. La comisión también accedió a archivos previamente secretos.
Pero la inquietud de los militares con el escrutinio ha sido clara.
En un discurso en junio pasado que marcó la apertura de las bases militares para la investigación de la comisión, el ministro de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, desató la indignación al afirmar que los soldados asesinados durante la campaña de contrainsurgencia también serían honrados.