El Congreso del Estado por mayoría de votos exhortó al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública, realicen sus funciones conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación en lo relativo a la impresión y distribución de libros de texto, proveyendo materiales educativos idóneos a los estudiantes y docentes.
La diputada Marisela Terrazas Muñoz, en tribuna refirió que pese a la voz alzada por parte de los maestros, padres de familia y asociaciones civiles preocupados por la educación de los 24 millones de estudiantes mexicanos de nivel básico, estos no han sido atendidos ni escuchados por la Secretaría de Educación. Motivo por el cual se procedió con instrumentos jurídicos que pudieran frenar la gran violación a los derechos de la niñez mexicana.
Esto último, dijo la legisladora, solicitando un amparo para que se ordene el cese en la impresión de libros de texto gratuitos que no cuenten con el respaldo en planes y programas vigentes, así como para que se detenga la distribución del material ya impreso. Ya que de no ordenarse esta suspensión los efectos resultarían irreparables y sobre todo incalculables; esto al no contar con el sustento científico que avale su funcionamiento.
Finalmente, mencionó que el Estado está obligado a garantizar que los materiales didácticos sean idóneos y contribuyan con la educación, servicio público de primer orden que de no ejecutarse como debe hacerse, pone en grave riesgo a la sociedad en su conjunto y de manera concreta violenta a los más pequeños en su etapa formativa, lo que imprime una huella negativa para el resto de su vida.
