El H. Congreso del Estado de Chihuahua realizó el cierre del segundo período ordinario dentro del segundo año del ejercicio constitucional, en la Heroica Ciudad Juárez, lugar donde empieza la Patria y Ciudad que se distingue por ser plural y hospitalaria, señaló la diputada Adriana Terrazas previo a la lectura de su informe como presidenta del órgano legislativo.
En su informe la legisladora agradeció a sus compañeros de de la mesa directiva la difícil tarea de realizar un trabajo de manera conjunta y señaló que estar al frente de la Presidencia del Honorable Congreso del Estado, fue un compromiso asumido con la convicción de representar al Poder Legislativo participando en las decisiones políticas del estado, y no solo sólo espectadores pese a quién considera que dirigir una presidencia es solo estar en una “pasarela”, desconocen la real obligación, misma que está basada en mantener un diálogo franco y sensato, con civilidad política sin recurrir a la ofensa, privilegiando el entendimiento y el acuerdo.
La diputada presidenta Adriana Terrazas Porras informó que al cierre del segundo periodo ordinario, se ha actuado en la toma de decisiones de manera dinámica y sin demora alguna, atendiendo con un profundo sentido de responsabilidad y eficiencia, que se ven reflejados en los siguientes resultados: 33 sesiones, de las cuales, 6 fueron solemne, 106 reuniones de Comisiones, además de las celebradas con motivo de las mesas técnicas instaladas, 260 asuntos, de los cuales, 4 iniciativas fueron presentadas por el Poder Ejecutivo del Estado, 1 por el Poder Judicial, 10 de diferentes Ayuntamientos, 2 del Congreso de la Unión y 243 que presentamos las legisladoras y legisladores de este H. Congreso del Estado.
Entre las iniciativas aprobadas por el H. Congreso del Estado de Chihuahua, resaltó la ley 3 de 3 lo que consideró un avance histórico en la lucha de las mujeres; impulso a las reformas a los diversos ordenamientos jurídicos encaminados a erradicar la violencia contra mujeres; el exhorto al Congreso de la Unión para reformar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes para que en la tentativa de feminicidio se considere las medidas privativas de la libertad, conocida como la Ley Mya.