Ciudad de México.- Organizaciones civiles denunciaron a la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que no fueran reconocidas como asesoras jurídicas de dos víctimas del incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que cobró la vida de 40 personas el pasado 27 de marzo.
La ONG Fundación para la Justicia (FJEDD) y otras cinco organizaciones fueron designadas como asesoras y defensoras de dos víctimas del incendio: un sobreviviente y la hija de uno de los 40 migrantes que perdieron la vida durante el siniestro.
Sin embargo, la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes —de la FGR—, no ha aceptado los papeles que las acreditan legalmente.
De acuerdo con las organizaciones, las designaciones firmadas por las dos víctimas fueron enviadas el pasado 13 de abril, pero, cuatro días más tarde, la agente del Ministerio Público de la FGR negó los documentos ante la falta de «certeza de que se trate de la firma de las víctimas».
“Hemos recibido obstaculizaciones para acompañar a las víctimas en su búsqueda de justicia”, acusaron.
De acuerdo con el documento remitido por las autoridades, se señala que no se tiene certeza de que se trate de la firma de «puño y letra» de las víctimas porque fue enviada en copia simple. Sin embargo, la asociación señala que en casos previos la FGR únicamente ha requerido la ratificación de las víctimas vía videoconferencia, “o ni siquiera esto”.
Pese a la negativa sin fundamento, la ONG optó por presentar los nombramientos de manera física al personal de la Unidad, pero se han negado a recibirlos. Fundación para la Justicia agregó que tampoco les han querido otorgar una cita.
“Cabe mencionar que las y los asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no han mantenido comunicación con las víctimas que nos designaron como sus representantes”, advirtieron.
Acusan a la FGR de criminalizarlas
Las ONGs señalaron que la FGR está poniendo en duda la autenticidad de los documentos, «lo que criminaliza a las víctimas y también la labor de defensa de los derechos humanos». Por ello, advirtieron que sus representados se enfrentan a una violación al derecho de asesoría jurídica y a la elección libre de sus representantes.
“Negar el acompañamiento legal de las víctimas vulnera sus derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño, así como les niega su calidad como sujetos procesales titulares de derechos con la capacidad de tomar decisiones”, reiteraron.
Además, las organizaciones acusaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de no apoyarlas durante el proceso, pues el órgano no les ha brindado respuesta a una queja emitida a finales de marzo.
