El más reciente “Informe de países sobre prácticas de derechos humanos en 2022“, elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, señala que fuerzas armadas, de seguridad y funcionarios gubernamentales cometieron violaciones a derechos humanos al momento de ejercer su labor.
En el informe se advierte sobre la existencia de “problemas significativos” en México.
“Los asuntos importantes de derechos humanos incluyeron informes creíbles de: homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte de la policía, el ejército y otros funcionarios gubernamentales; desaparición forzada por agentes del Estado; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia contra los periodistas; graves actos de corrupción gubernamental; investigación insuficiente y responsabilidad por la violencia de género, incluida la violencia doméstica o de pareja íntima; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales; y delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra personas con discapacidad”, se puede leer en el texto.
También señala que hay informes en donde señalan que algunos agentes del gobierno fueron cómplices de bandas criminales internacionales, y las tasas de enjuiciamiento y condena fueron bajas por estos abusos.
“La impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción”, dice el informe.
Por otro lado, indica que “elementos criminales, incluidas las bandas locales y transnacionales y los traficantes de estupefacientes, fueron perpetradores significativos de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que resultó en altos niveles de violencia y explotación”. Sin embargo, el gobierno investigó y procesó algunos de los delitos señalados, pero la mayoría permaneció sin investigar ni enjuiciar.
Se habla sobre informes que señalan que entidades gubernamentales o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegítimos, “a menudo con impunidad”.
