Movimiento Ciudadano presenta acción de inconstitucionalidad ante SCJN contra Plan B

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Movimiento Ciudadano (MC) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra el llamado Plan B en materia electoral que impulsó el presidente López Obrador, al argumentar que el mismo trae consigo diversos obstáculos que no fueron analizados ni con el detenimiento suficiente, ni con un conocimiento profundo de sus consecuencias.

Luego de que el pasado 2 de marzo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una de la reforma electoral, senadores y diputados federales de MC presentaron ante la corte dicha acción donde se argumentan cuatro ejes de violaciones a la Constitución.

Al procedimiento legislativo; a la autonomía y facultad fiscalizadora de las autoridades electorales; a la autonomía judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); y, a diversos derechos humanos ligados a las normas electorales.

Dentro de dichos ejes se desarrollan, a su vez, más violaciones que no pueden quedar sin una revisión de constitucionalidad por parte del Máximo Tribunal de Justicia.

Como ejemplo de ello, se encuentran las diversas violaciones al procedimiento legislativo reglamentado constitucionalmente; la afectación a la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), tanto en su aspecto presupuestal, técnico y reglamentario; la limitación de las facultades jurisdiccionales del Tribunal Electoral; y, la amenaza al principio de paridad de género e igualdad y no discriminación.

“En esencia, esta reforma disminuye la fuerza de las autoridades electorales, resta importancia a los procesos electorales y termina por lastimar a la democracia mexicana. Movimiento Ciudadano confía en la transformación de las reglas democráticas, siempre que sea el resultado de un proceso consciente, informado y enriquecido con las opiniones de la pluralidad política”.

Acompañados de la dirigencia nacional de MC, expusieron que el plan B no surgió de esta forma, es por eso que se emprendió esta acción judicial, a fin de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien se pronuncie sobre las inconstitucionalidades y retrocesos presentes en esta reforma.


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