Dan toda la libertad al Departamento de Justicia para usarlos en su investigación
Washington.- Una Corte Federal de Apelaciones removió este jueves el mayor obstáculo en la investigación penal sobre el manejo que hizo el expresidente Donald J. Trump de documentos gubernamentales sensitivos, dando por terminada una revisión de miles de registros que el FBI decomisó de su casa y dándole toda la libertad al Departamento de Justicia para usarlos en su investigación.
En un fallo unánime de 21 páginas, que no fue firmado, tres miembros del panel de la Corte de Apelaciones del Onceavo Circuito en Atlanta, dio por descartada la demanda presentada por Trump que frenó la investigación sobre si él mantuvo ilegalmente los registros de seguridad nacional en su residencia en Mar-a-Lago y también obstruyó los repetidos esfuerzos que hizo el gobierno para recuperarlos.
La Corte de Apelaciones fue marcadamente crítica de la decisión que tomó en el mes de septiembre la juez Aileen M. Cannon, quien fue designada por Trump, para intervenir en el caso.
Señaló que la juez Cannon nunca tuvo una jurisdicción legítima para revisar o prohibir las investigaciones sobre el uso de los documentos, y que no hay justificación para tratar a Trump de manera diferente a cualquier otra persona que sea el objetivo de una orden de cateo.
Los límites sobre cuándo las cortes pueden interferir en una investigación criminal “aplica sin importar a quién esté investigando el gobierno”, agregó. “GEnerar una excepción especial desafía el principio fundamental de nuestra nación de que nuestras leyes aplican “para todos, independientemente de sus números, riqueza o rango”.
No se sabe si Trump va a apelar la decisión. Trump ya le había solicitado a la Suprema Corte que anulara un fallo inicial de la Corte de Apelaciones para excluir 103 documentos clasificados y que no fueran revisados por la juez Cannon, sin embargo, los jueces rechazaron hacer eso.
Los tres jueces del panel que emitieron su fallo este jueves fueron designados por presidentes republicanos — y dos de ellos, Andrew L. Brasher y Britt Grant, fueron nombrados por Trump.