Incluso han llegado reformas que ya fueron aprobadas por Congresos locales
Pese a la crisis por la falta de agua en varios estados, el Congreso de la Unión ha sido omiso para corregir los problemas de suministro. De 2018 a la fecha, diputados y senadores han propuesto 81 iniciativas en la materia… pero todas permanecen en la congeladora.
En la Cámara Alta se presentaron 10 propuestas durante la 64 Legislatura y otras nueve en lo que va de la 65 Legislatura. Una de las últimas es la de la senadora Gloria Sánchez Hernández (Morena), quien el pasado 27 de abril presentó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas, que abroga la Ley de Aguas Nacionales.
La legisladora planteó expedir un nuevo ordenamiento jurídico “que proteja y promueva el derecho humano al agua y al saneamiento”; también establece la participación de los tres órdenes de gobierno y la ciudadana en la materia. “Tiene por objeto garantizar que la prestación de los servicios de agua y saneamiento sea disponible, de calidad, accesible, (…) aceptable y sin discriminación”, dice el proyecto.
Por su parte, en San Lázaro se quedaron atoradas 42 iniciativas en la 64 Legislatura, mientras que en la 65 se han puesto sobre la mesa 20 propuestas más.
Ninguna ha subido al pleno.
En septiembre de 2021, el diputado petista Jesús Fernando García planteó reformar la Ley de Aguas Nacionales, “con el propósito de que las autoridades desarrollen estrategias encaminadas a prevenir y reducir los efectos de la sequía”.
En su exposición de motivos, el legislador advirtió que la falta de lluvia en México se ha visto agudizada en los años recientes, “donde la insuficiencia de agua para la satisfacción de las diversas necesidades del ser humano y el equilibrio del medioambiente tiene como saldo negativo daños severos y de enorme cuantía económica en las actividades productivas del sector primario, así como otros efectos nocivos en el suministro oportuno” del recurso a los asentamientos urbanos y rurales.
El déficit de agua generado por dicho fenómeno, se afirma en el proyecto, afecta en mayor proporción al noroeste, norte y occidente mexicano; en tanto que 50 de las 210 presas principales del país —que almacenan 92% del total del recurso hídrico— han estado a menos de 20% de su capacidad de almacenamiento.
El diputado de Morena Marco Antonio Pérez Garibay presentó, también en septiembre de 2021, una iniciativa para establecer que los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) “no podrán ser inferiores a los del ejercicio presupuestario anterior”, lo que permitirá destinar más dinero al cuidado del agua.
La diputada panista Gerardina Campuzano ha propuesto “establecer el derecho de toda persona, y con especial atención a la población marginada y menos favorecida social y económicamente, al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, mientras que la bancada de Movimiento Ciudadano planteó “establecer programas especiales para la investigación y desarrollo de tecnología en la captación y almacenamiento de agua en zonas agrícolas”.
A la Cámara de Diputados incluso han llegado dos reformas que ya fueron aprobadas por los Congresos de Chihuahua y Nuevo León, dos de las entidades más afectadas por la falta de agua.
El 13 de septiembre de 2021, el Congreso chihuahuense turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales una reforma “a fin de que se garantice la incorporación en los derechos humanos [el de tener] un medioambiente sano y acceso al agua, el uso sustentable de la misma, en especial para su uso agrícola”.
El pasado 25 de mayo, las y los diputados federales recibieron desde el Congreso de Nuevo León un proyecto de reforma, también constitucional, para establecer que los concesionarios “tendrán la obligación de, en caso de existir decreto de sequía o escasez extrema, o de necesidad urgente en la región, o estado en donde se encuentre el lugar de extracción concesionado, se facilitará a la autoridad el agua”.
La propuesta señala que la estructura hidráulica de los privados permitirá hacer frente a una emergencia de ese tipo y advierte que, “en caso de negarse, el concesionario será sancionado por la autoridad del agua”.
Durante los últimos cuatro años se han realizado diversos foros, reuniones con expertos, así como debates de iniciativas sobre el grave problema de escasez de agua que ha puesto en alerta a varias entidades del país; sin embargo, ello no ha derivado en la actualización del marco legal y ni siquiera en la creación en el Senado de una comisión especial para la expedición de la Ley General de Aguas.
Dicha comisión, que ha sido planteada por senadores del PVEM, buscaría dar continuidad al análisis y discusión en el Congreso de las acciones que se requieren para garantizar al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; mesas de trabajo con representantes de las 32 entidades y emitir un calendario con fechas específicas para debatir y aprobar el nuevo marco legal.
Entre las reformas que están en la congeladora se encuentra la presentada por ciudadanos en febrero de 2020 para expedir la nueva Ley General de Aguas.
LEGISLACIÓN PENDIENTE
Esta es la distribución de iniciativas sobre el agua que se encuentran detenidas en el Congreso de la Unión:
Cámara de Diputados:
En la 64 Legislatura, 42 iniciativas.
En la 65 Legislatura, 20 propuestas.
Cámara de Senadores:
En la 64 Legislatura, 10 propuestas.
En la 65 Legislatura, nueve iniciativas.
