Por: Héctor Molinar
Así es en las fiscalías de la república mexicana, no solamente en la de Nuevo León. Pues la impunidad que prevalece en la desaparición de personas y feminicidios, nos revela que los investigadores no saben utilizar las herramientas científicas para dar con los culpables. O puede ser que por temor a represalias del crimen organizado o personas de alta influencia con poder político y económico que estén involucrados, influye para que el MP no se atreva a llegar a la verdad.
Increíble que después de trece días haya sido localizada en una cisterna sin vida. Igualmente favorece al taxista su declaración y aportación de datos que muestran la vulnerabilidad de la joven, pues grabó una conversación donde dice que “sus padres deben saber la verdad”, lo que implica que probablemente estaba sometida a una red de trata de personas.
Igualmente, es importante analizar las actividades de sus “amigas” que según ellas las dejó Debanhi, pues alguna razón tuvo.
Lo cierto es que la víctima desconfió del taxista y no quiso continuar su traslado a casa. Igualmente se alcanza a distinguir que en el motel corre de un lado a otro y también parece que buscó ayuda en una oficina de transportes.
Pudo ser caída en la cisterna de tres metros de alto, con noventa centímetros de agua, o la hayan sembrado en ese lugar, pues su celular y bolso fueron encontrados en otra cisterna.
La realidad social es que México demanda de las autoridades eficacia y protección a todas las mujeres y personas. No es cuestión de leyes, sino de voluntad, capacitación y efectividad en el actuar de las autoridades.
Urge erradicar la corrupción en las fiscalías del país, es más cuestionada la víctima y son protegidos los imputados en la práctica penal. El juzgador penal, generalmente analiza como apoyar en sus derechos humanos al imputado, dejando de lado los derechos de la víctima.
