Luro Verum
Por Rafael Navarro Barrón
A los 24 años empezó en la política. La rienda petulante que la formó y promovió en su primera etapa, la convirtió en una mujer explosiva, exigente, desconfiada, rencorosa, pero excesivamente trabajadora en las lides de la función pública y en la política electoral.
Hoy, Lilia Guadalupe Merodio Reza, nativa de Ciudad Juárez, es una mujer que navega en las cuatro décadas y, para centrar bien su oficio es, junto con Graciela Ortiz, el dúo político femenil chihuahuense más efectivo en el trabajo electoral priista; son las mejores posicionadas en la cúpula del poder oculto y público que ha gobernado México y ha conducido las cámaras legislativas por décadas.
Son ese tipo de mujeres de la política que, sin perder el lado femenino, se transforman en obreras de la función pública y trabajan a la par de los varones.
Mientan madres, regañan, exigen, presionan, explotan ante los ineptos, toman decisiones políticas extremas, se imponen frente a las otras emisarias de su género y se “hablan de tú” con los poderosos, sin bajar la mirada.
La amistad con dos magnates de los medios de comunicación da cuenta de la astucia de la Merodio. Sus ideas se plasmaron en El Universal de México, con la venia de Jesús Francisco Ealy Ortiz y con el más grande de todos, don Mario Vázquez Raña que abrió su cadena de medios a la diputada y posterior senadora, con quien se hablaba de tú.
De la ambiciosa astucia de Héctor Murguía Lardizábal, su iniciador en la política, Lilia Merodio concluyó su formación de ‘alta escuela’ con Emilio Gamboa Patrón, que fue el factor decisivo para la prosperidad de la juarense, en toda la extensión de la palabra.
Ser, primero diputada y luego senadora de la república, la convirtió en una poderosa mujer de la política. Su vida económica la resolvió en seis años de senadora; la ex funcionaria estatal forma parte de esa casta que se levanta sin el afán del nuevo día, y sin la angustia del mañana.
Sin inventar cuentas o propiedades inmobiliarias, en su última declaración patrimonial se observa la metamorfosis socioeconómica de la ex senadora y cómo aprovechó bien su paso por la función pública.
Aquella jovencita, que un día fue jefa de Recursos Humanos y regidora del municipio de Juárez, cuyas historias de su carácter impositivo abundan en los entretelones del servicio público, ahora está transformada en una mujer hecha y derecha que puso a temblar al gobierno de Maru Campos al desnudar, sin empacho, lo que ocurría en el círculo del poder político cercano a la gobernadora.
Pero, al mismo tiempo, Lilia mostró su mano dura, su tozudez al negarse a firmar los apoyos económicos a los pocos campesinos que se mantienen agrupados en el Estado de Chihuahua.
Creyó haber descubierto la trama que orquestó, según la versión hecha pública por la ex funcionaria, el diputado Mario Vázquez Robles, ex presidente del PAN estatal y actual coordinador de los diputados albiazules.
Antes de su renuncia, a la ex senadora priista se le hizo la lucha. El salto estaba dado. Ni los desayunos ni las llamadas telefónicas fueron suficientes. La reiterada posición, a veces necia, de negarse a firmar los cheques de los campesinos, se advertía como un mero pretexto para irse al partido del coqueteo político, a Morena, donde dicen que ya la esperan.
Para explicar el salpicadero político de Lilia y lo que ocurrió con la renuncia, tenemos que analizar el poder omnímodo del gobierno de Maru Campos.
Primero, tendríamos que excluir al recién llegado Luis Serratos Castell, el coordinador de gabinete, que realmente es un ‘chichón con facultades’ en ese cuerpo de gobierno. El sonorense ignora los entretelones de un equipo que viene trabajando por años y que se conocen miradas, expresiones faciales, gustos personales y muchos secretos.
En esa estructura de mando, solo se inscriben cuatro personajes: la misma gobernadora, el secretario general de gobierno, César Jáuregui; el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local, Mario Vázquez y la abogada María Eugenia Galván Antillón, que no es una advenediza. A parte de ser la consejera, amiga, compañera de viajes, asesora y mamá de Maru Campos, fue diputada federal y actualmente es Comisionada Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Chihuahua.
La doñita toma decisiones, quita y pone funcionarios. No es una ‘copia patito’ de Leticia Corral Jurado, porque esta política goza de inteligencia y cabeza fría a la hora de tomar decisiones; es impositiva cuando recomienda funcionarios o empleados de bajo nivel en la estructura estatal…y la hija la obedece; y el gabinete la obedece.
Por eso cuando Lilia Merodio señaló que “la gobernadora estaba informada de todo”, no se equivocó. En ese entramado político, no se mueve la hoja de un árbol, si Maru Campos no se entera antes. Ese es el pacto: por duro que sea, estar enterada de todo.
Al tratarse de Mario Vázquez, la respuesta de Maru Campos fue simple: “deja que se equivoque”, porque el líder de los diputados del PAN es un hábil político que aprendió de sus propios errores y se equivoca poco; ahora es un eficaz y frío operador, de alcances insospechados.
El plan Vázquez, que recibe en plenitud la venia del poder omnímodo de Palacio, era repartir $36 millones de pesos entre los grupos campesinos afines al ‘movimiento del agua’.
Su misión es afinar la maquinaria para garantizar el bloque anti Morena y frenar un eventual avance en el Estado de Chihuahua, como ocurrió en el pasado proceso electoral que hundió electoralmente a Juan Carlos Loera en la región centro-sur de la entidad.
Si le quieren aguadar el día a Loera, basta con recordarle a los agricultores (sobre todo los poderosos nogaleros) de la región centro-sur del Estado.
En la pasada consulta de Revocación de Mandato, la movilización política del PAN, de la estructura de gobierno y de sus aliados, fincó su base de trabajo en evitar que los ciudadanos acudieran a las urnas. Y así fue como el Estado de Chihuahua apareció en el quinto o sexto lugar de entidades con menos asistencia a los centros de votación.
Pero ahora nos ocupa la historia de Lilia Merodio y el robo de 38 cajas, donde se guardan los secretos gubernamentales en lo que técnicamente se nombra como ‘archivo muerto’.
Es la historia crediticia de los agricultores de la región centro-sur y sus nexos con la Secretaría de Desarrollo Rural a lo largo de todos los tiempos. ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Cuántos auténticos campesinos están en esa especie de nómina crediticia? ¿Quiénes cumplen los programas?.
En una declaración al periódico Norte Digital, Lilia Merodio dijo que había video grabaciones que revelaban, con mucha claridad, quiénes se habían robado las cajas, con información de la dependencia.
La funcionaria siempre tuvo la información de primera mano y ahora existe una demanda penal que abanica los detalles de lo ocurrido el 9 de marzo pasado, cuando se ejecutó el robo de varias cajas con expedientes.
La dependencia tuvo que emprender la acción legal, que estuvo a cargo de Juan Carlos Flores Márquez, jefe del departamento de ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural por el delito de robo de expedientes.
Obligaron al jefe de Ganadería a encabezar la acción judicial, que en términos legales debió haber estado a cargo del departamento jurídico de la dependencia. La justificación es que la totalidad de los documentos sustraídos pertenecen al programa de apoyo ganadero.
La guerra entre ‘jefes’ de Departamento de la Secretaría de Desarrollo Rural, ahora se librará en los tribunales. Salvador Alcántar, encargado del departamento de Agricultura, fue abiertamente señalado como uno de los responsables del robo de los expedientes.
La denuncia quedó marcada con el número 19-2022-0007111 y establece que el 23 de marzo, a las 10 de la mañana, dos empleadas informaron que faltaban 38 cajas que contenían los expedientes que reflejan los apoyos (¿legales o ilegales?) de los campesinos. Los paquetes deberían estar en el almacén de la dependencia, pero no fueron localizados.
Los expedientes correspondían al programa de apoyo ganadero conocido como Congruencia con las Entidades Federativas. Toda la información pertenecía a los años 2018 y 2019. Los archivos se suponían perdidos, porque no aparecían físicamente, pero sí en la lista de información almacenada que ya se catalogaba como archivo muerto, que por ley tienen que guardarse durante algunos años.
La respuesta al interrogante estaría en el disco de almacenamiento de las cámaras de vigilancia. Ya para esos momentos, el clima de tensión era de pronósticos reservados.
Los ladrones, por extraño que se escuche, fueron funcionarios estatales, al servicio de la Secretaría de Desarrollo Rural. El evento ocurrió el 9 de marzo y para el traslado se utilizaron vehículos oficiales.
En el video se puede observar al empleado sindicalizado, identificado como José Ángel M. P., encargado del almacén, en plena acción de sustracción. Así también a Salvador Alcántar, jefe del departamento de Agricultura dando indicaciones a los subalternos. Como soporte del plagio, Luis Alan G., jefe del Departamento de Usos Sustentable del Agua.
Los ladrones al servicio del Estado, perpetraron el robo a las 10:40 de la mañana. Como si fuera un día normal de trabajo, se observa como los paquetes fueron subidos a la cabina de una camioneta Ram modelo 2004, placas EF75477, de uso oficial.
La Ram emprendió la ruta desconocida, hasta ahora, con la papelería oficial del 2018 y 2019. Detrás de la unidad, se aprecia a Salvador Alcántar conducir un vehículo Mitsubishi L200 con placas EF76090 con el mismo destino de la camioneta oficial.
Después de ver el video, el denunciante llamó al empleado sindicalizado José Ángel M. quien atestiguó haber movido ocho cajas, pero su versión fue desacreditada por los mismos videos de vigilancia que mostraban la verdad objetiva de lo ocurrido.
En las cajas se archivaban los expedientes de los beneficiarios del programa ganadero; copias de identificación, CURP, comprobantes de domicilio y de la Unidad de Producción Pecuaria.
Días antes de la acción, José Ángel M. fue colocado en el lugar estratégico del almacén con amplias facultades. Las mujeres encargadas del archivo quedaron bajo su disposición inmediata. Pero las facultades, según se relata en el expediente judicial, no le otorgaba la autoridad de mover, manipular y mucho menos sacar de la oficina los expedientes.
La denuncia judicial fue presentada el 7 de abril. En ella se pide que se investigue y se proceda en contra de Salvador Alcántar, José Ángel M. y Luis Alan G. como responsables.
La declaración de un empleado de la dependencia revela que, en realidad, fueron 15 cajas llenas de papeles, aparentemente inservibles. En realidad su contenido era la constancia de aquella sospecha que pasó por la mente de la ahora ex secretaria.
El empleado sindicalizado, afiliado al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado enfrentaba el dilema de la verdad, contra la aplastante mentira. Su silencio y mentiras hacían obvias las acciones ilegales y bien orquestada ¿por quién? Eso lo sabe muy bien el Fiscal General del Estado, Roberto Javier Fierro Duarte.
Como el cortometraje de Hitler, que bien pudiera titularse: “Hitler se entera que empleados de gobierno robaron unas cajas con documentos”, la Merodio estalló en su oficina; solo le faltaba el uniforme y el bigote hitleriano, pero el coraje era el mismo. ¡¿Cómo chingaos que nos robaron las cajas?!, exclamó iracunda la funcionaria, mientras exigía explicaciones.
Iba y venía por las oficinas, “¡tráiganme a fulano!”, “¡háblale a mengano!” y así rumió durante minutos y horas en la búsqueda de la verdad, en la respuesta que hiciera valer su sospecha.
Pidió hablar con la gobernadora, con César Jáuregui, con Luis Serrato, con el secretario particular de Maru Campos…el silencio oficial le generó una ira mayor, hasta que encontró acomodo en un desayuno con el secretario general de gobierno, con quien platicó ampliamente, pero sin muchas ganas de quedarse en el cargo.
En esos nervios estaba Lilia cuando le informaron que el orgullosamente sindicalizado, José Ángel, se había hecho ojo de hormiga, que estaba tan asustado que no se había presentado a trabajar y además que había contado mentiras respecto al manejo de las cajas.
Por el temor, ese día pidió un salvoconducto y protección a los líderes del Sindicato de Trabajadores al Servicios del Gobierno del Estado. Repetía que “solo siguió órdenes”, que “él era un empleado vale madre que no tenía alcances”. Se rebajó tanto que su última versión fue indigna y dolorosa: “soy un simple chalán con derechos sindicales…tengan piedad de mi”.
Lilia Merodio no perdió tiempo. Se comunicó con un amigo comandante de la Fiscalía General del Estado y le pidió que indagara al sindicalizado. La funcionaria prometió una denuncia penal para que tuviera sustento la detención, pero nunca la presentó.
No es seguro si la funcionaria exigió una ‘calentada’ para que el sindicalizado soltara la sopa. No, no puedo pecar de hablador. Menos cuando ella se describe como una franciscana de la política y del PRI.
Pero a la funcionara le urgía saber quién ordenó el operativo de intercepción de documentos y los motivos que originaron el robo de las cajas de archivo muerto. Tenían bien agarrados de los tanates al director de Ganadería y al que se encarga del Uso Sustentable del Agua, que ya para ese momento sentía que se hundía en un charco lleno de renacuajos.
Mientras tanto, un hombre de bigote seductor, recibía la noticia agotado por el respiro agitado por tanto sobresalto. El legislador panista –dicho sea de paso- estaba más asustado que un gato en perrera.
Por la noche, el comandante, comunicó a la secretaria que el joven sindicalizado había cantado. Se avizoraba un nuevo problema: el ‘trabajo’ de tortura se realizó sin mediar un documento que ameritara la detención del muchacho, ni una denuncia que ameritara la invitación a informar lo que el empleado sabía.
Todo fue ilegal, se violaron no sé cuántos convenios internacionales, las leyes universales emitidas por la ONU y por la convención de Ginebra, los tratados intercontinentales de Derechos Humanos, se violó el principio doctrinal de la Biblia, y los legados de Nelson Mandela.
¿Dónde dejaste las cajas, hijo de la chingada?, le preguntó uno de los orangutanes de la Fiscalía. Y el joven soltó la sopa. Era la tercera cachetada que se empalmaba en el rostro de aquel joven sindicalizado.
Ya para esos momentos, la líder de los Trabajadores al Servicio del Estado, Xóchitl Reyes Castro, había notificado a un funcionario de alto nivel lo que estaba ocurriendo; que el muchacho estaba “muy madreado y asustado” y que eran “chingaderas” lo que habían hecho con él.
El funcionario estatal dijo que no sabía nada y prometió que el flamante e intolerante fiscal, investigaría lo ocurrido. “Dalo por hecho, Xóchitl”, fue la consigna del funcionario.
El dato exacto de la intervención de Mario Vázquez lo tenía Lilia Merodio en sus manos, porque fue la declaración extraoficial obtenida por los responsables del saqueo, incluyendo lo poco que ‘cantó’ el sindicalizado.
Venía entonces el desenlace final. La decisión cupular ineludible, frente a una política de un partido distinto al que gobierna, que quedó apestada luego de denunciar los actos ilegales, pero que, desgraciadamente, fueron cubiertos con otros actos ilegales.
La salida de Lilia Merodio vino, no solo a desnudar los entretelones del Estado, sino que desplomó la coalición ganadora en el pasado proceso electoral que ahora pinta de azul, casi en su totalidad, la administración que se jactaba de unir a las fuerzas políticas con miras a eliminar el avance de Morena en el Estado.
La efímera historia del paso de Lilia Merodio por la Secretaría de Desarrollo Rural en la presente administración estatal, no se contó completa por las implicaciones legales, por la detención ilegal, la tortura y el favor policiaco, al margen de la ley. La carta-renuncia-denuncia de Lilia no dijo mucho, ni explicó lo ocurrido durante las entrevistas que brindó, como exfuncionaria, a los medios de comunicación a donde acudió a denunciar lo que había ocurrido en torno a su salida.
En el texto, la ex senadora priista, explica a la gobernadora, que “jamás se prestará para la firma de algún documento que, a su consideración, cuente con irregularidades”, y destacó que esa situación la afirmó en el acta de entrega recepción, cuando asumió el cargo al inicio de la administración”. La redacción de la carta no podía ser distinta, tratándose de tan distinguida priista, casi una ‘carmelita descalza’ de la vida pública.
Y añade: “Reconozco la oportunidad que se me otorga por decisión directa de usted”, concluye Lilia Merodio en la carta dirigida a María Eugenia Campos, el cual está fechado al 13 de abril del presente año. Se presentó un miércoles a las 16:05 horas en el despacho de la gobernadora.
No había duda. Se iba Lilia Guadalupe Merodio Reza del gabinete, quien había sido llevada por los tribunales del periodismo al nivel de la traición política a Maru, al encaramarse a la campaña fallida de Eduardo ‘Lalo’ Prieto y su intención de continuar saqueando desde la presidencia de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua.
Los tribunales periodísticos referían en sus crónicas que Lilia acompañaba, en los actos de precampaña, al ganadero Prieto, quien está marcado por el halo de la corrupción en las investigaciones que se han realizado a la UGRCh y por su cercanía con los Duarte, uno incrustado en las filas ganaderas y otro preso en un penal de Miami, Florida. Nos referimos a Lico Duarte y César Duarte, respectivamente.
Ese triángulo corrupto, Duarte-Duarte-Prieto, encendieron la alarma roja en palacio de gobierno y lanzaron la operación política para garantizar el acceso a la UGRCh del joven empresario juarense, Álvaro Bustillos, cuyo mérito más alto, son su padre Álvaro y su tío Jaime, de amplio respeto entre los ganaderos del Estado.
Las crónicas establecen que el empresario ganadero, Lalo Prieto era una especie de hostess para Lilia Merodio. Le servía las bebidas, se las llevaba hasta su mesa y la presentaba como un activo de su campaña durante las reuniones políticas que se sostenían con otros ganaderos afiliados a la Unión, para garantizar la reelección como presidente de la UGRCh.
Entre el 7 de septiembre de 2021 y el 13 de abril de 2022, Lilia Merodio fungió como secretaria de Desarrollo Rural del gobierno de Chihuahua. Ahora es una desempleada de la política, pero con un futuro prometedor, dicen que en Morena.
En una entrevista con Norte Digital, la ahora ex funcionaria dijo que todo ocurrido en Desarrollo Rural se lo hizo saber a la gobernadora, pero ella solo me respondió ‘déjalo que se equivoque’, refiriéndose a Mario Vázquez.
Por instrucciones de la mandataria, entregó el cargo a un panista, Mauro Parada.
“Es sumamente delicado y se lo dije a la gobernadora. Ahora quieren manchar una carrera que está limpia. No tengo cuestionamiento. Yo veo que en el PRI al menos hay orden y respeto. Siempre hay una institucionalidad, así estoy formada, con códigos de ética, con respeto, pero acá es un zoológico”.
Y no se equivocó Lilia Merodio. Unos días después el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Canaco Juárez, Rogelio Ramos Guevara, denunció públicamente el intento de extorsión de la empresa Colibrí y de Manuel Merodio Reza, Secretario General Ejecutivo del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C. con respecto al evento deportivo denominado Universiada el cual se llevará a cabo en mayo en esta Ciudad.
El presidente de Canaco en Juárez, denunció que en los últimos días han tratado de desacreditar al gremio hotelero de Ciudad Juárez, así como a su persona por el hecho de no haber aceptado participar en un acto de ilegalidad que le fue propuesta por el funcionario federal, y hermano de la ex diputada Lilia Merodio Reza, quien le dijo de manera verbal que inflara los costos y que, si no accedía a eso, con la mano en la cintura se llevaría el evento al estado de Quintana Roo.
El chiste se cuenta solo, pues es de todos es sabido la corrupción que corre en la rama hotelera. El chiste se cuenta solo cuando es un presidente de Canaco, tan pedorro y mentiroso, el que denuncia un hecho de corrupción; pues se trata de un organismo ampliamente corrompido en todos los tiempos, que ha sido la comparsa de los últimos alcaldes para hacer negocios extralegales, que aparecen como legales ante la opinión pública.
Además, Rogelio Ramos Guevara es un miserable empresario, incapaz de rebajar un peso a las tarifas hoteleras. Es parte de una mafia nociva y abusiva en Ciudad Juárez que carece de ética para una denuncia de este tamaño.
Recordemos que la política es como es y Lilia Merodio lo sabe…Maru, también lo sabe.