Informe del Congreso de Estados Unidos acusó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, frena las investigaciones por posible corrupción de su familia y aliados.
El Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos (CRS, por sus siglas en inglés) emitió informe con fecha del 21 de marzo de 41 cuartillas.
El Congreso de Estados Unidos, tras la investigación, sostiene que “el presidente López Obrador no ha estado dispuesto a permitir que los fiscales investiguen las denuncias que involucran a su familia y aliados”.
A este documento lo llamaron ‘México: Antecedentes y Relaciones con Estados Unidos’, el cual cita el medio etcétera.
Narra el CRS que por lo menos 20 exgobernadores están bajo investigaciones por corrupción, “muchos del partido PRI del expresidente Peña Nieto”, así como Genardo García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón.
Pero contemplan que en octubre del 2020 el arresto del exsecretario de Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, “enfureció” al gobierno de López Obrador, donde Estados Unidos acordó entregarlo a México para que fuera enjuiciado, donde lo exoneraron de todos los cargos.
Pero a pesar del discurso anticorrupción “el presidente López Obrador no ha estado dispuesto a permitir que los fiscales investiguen las denuncias que involucran a su familia y aliado”.
El propio Congreso estadounidense menciona el caso de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente quien habitó casa en Houston que pertenecía a ejecutivo de Baker Hughes, empresa que tiene contratos crecientes con Pemex.
La aprobación del presidente antes del escándalo de López Beltrán era del 64%, “probablemente por la entrega de programas sociales”, pero un mes después las preferencias eran de sólo 54%.
AMLO “ha intentado aprovechar los procesos electorales para aumentar su capital político; su partido Morena presionó para realizar una costosa elección revocatoria presidencial en abril de 2022 para demostrar su amplia popularidad”, menciona el informe.
Entre otros puntos que toca están el acuerdo que limita la actividad de la DEA y demás corporaciones extranjeras en México, la falta de fondos a organismos del sistema anticorrupción, la FGR que todavía no judicializa 500 denuncias por corrupción que presentó la Secretaría de la Función Pública (SFP) en esta administración.
Aquí el informe completo del Congreso estadounidense.