Ciudad de México.— Los cambios en la Miscelánea Fiscal que contemplan la aplicación de controles volumétricos en toda la cadena de comercialización de combustibles, podrán beneficiar a los usuarios para que les sean entregados ‘litros de a litro’.
Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, explicó que si bien es necesario establecer más claridad y contar con empresas o unidades especiales que ayuden a instalar los sistemas de control volumétricos, la medida tiene como finalidad combatir el robo fiscal, lo cual puede beneficiar a los consumidores.
“La idea es saber cuánto se vende y cuánto se compra del energético, los controles volumétricos nacieron con el tema de la gasolina fomentado con el tema del contrabando, la venta de litros incompletos y el huachicol, así el SAT pudiera tener un control real de lo que se estaba vendiendo en el mercado y poder ver si había algún tema de no pago de impuestos.
“Cuando se vio que no solo era la sustracción ilícita de los ductos y empezó a ser un tema de comercio exterior se empezó a ampliar el tema de controles volumétricos a temas de almacenamiento, ductos, y todos los hidrocarburos”, señaló.
Algunas de las quejas de empresarios del sector de hidrocarburos es que no ven la utilidad de que el SAT tenga controlado cuánto se vende y compra en tiempo real, además de que se requieren equipos de medición que deben instalarse.
“Las empresas lo ven como regulados y el SAT como planeador central, pero creo que es necesario tener las cifras de lo que se compra y vende en todos los niveles, pero ahora las empresas deben poner equipos de medición en sus tanque y tuberías y programas que exploten la información y la pongan a disposición del SAT”, dijo Montufar.
Los obligados a cumplir con los controles son estaciones de servicio, distribuidores, almacenistas, ductos, red de distribución de gas natural, expendio, transporte, comercializadores, extracción, producción.
Con los cambios aplicados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), es posible que aquellos empresarios que no cumplan con los sistemas de control puedan enfrentar penas de entre 3 y 8 años de prisión, según la gravedad de la falta.
En tanto, aquellos en los que se detecte la venta de combustible de procedencia ilícita podrán ser acreedores a penas que van de 6 a 12 años de prisión.
“Hay industrias que aseguran que no hay contrabando, pero eso no lo sabemos, ¿cómo vamos a saber si existe o no si no lo puedes ni medir? El Gobierno necesita medir (…) es algo que ya se había anunciado y los delitos se inhiben incrementado las sanciones, además de que es una manera de ver que se den los litros completos a los consumidores”, concluyó Montufar.
