Un ciudadano denunció al diputado federal por Morena Loera de La Rosa, a quien acusó de presuntamente utilizar su cargo como delegado de Bienestar para condicionar los apoyos de los programas sociales Sembrando Vida, créditos de vivienda y becas Benito Juárez, para coaccionar el voto
Patricia Mayorga / Raíchali
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ordenó la investigación contra el ex delegado de Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, por presuntos delitos electorales, según la carpeta de investigación FED/CHIH/JUA/OOO2255/2020 del 13 de noviembre de 2020.
Un chihuahuense, quien pidió omitir su nombre por seguridad, denunció al diputado federal por Morena el 11 de noviembre pasado, porque presuntamente utilizó su cargo como delegado de Bienestar para condicionar los apoyos de los programas sociales Sembrando vida, créditos de vivienda y becas Benito Juárez, para coaccionar el voto.
También cuestiona el recurso económico con el que Juan Carlos de la Rosa ha pagado por lo menos 45 anuncios espectaculares en Chihuahua y Ciudad Juárez, para promover una publicación editorial Caminando por Chihuahua”, de Dexa editorial.
El ex “súper delegado” renunció a su cargo el 30 de octubre de este año e hizo pública su intención de contender por la gubernatura en el proceso electoral que inició el 1 de octubre. Por ahora regresó a la diputación federal, de la que tenía licencia para ejercer como delegado de Bienestar.
La Fiscalía General de la República turnó la investigación a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para que dé inicio a la investigación registrada en la carpeta FED/CHIH/JUA/0002255/2020.
En la denuncia se indica que Loera de la Rosa condicionó los programas que tenía a su disposición y detalla que cuando entregaban folletos de los programas de la Secretaría del Bienestar, los acompañaban por tarjetas personalizadas de Juan Carlos Lorea, que incluían además de su nombre, su domicilio, cargo y redes sociales.
La denuncia es sustentada entre otros, en el artículo 134 de la Constitución mexicana, que es vulnerado porque: “condicionó el cumplimiento de programas en el ámbito de su competencia a la emisión del sufragio de un partido político (Morena).
Loera de la Rosa fue electo diputado federal en 2018, pero pidió licencia para convertirse en el delegado de Desarrollo estatal de programas para el desarrollo de Chihuahua de la Secretaría del Bienestar, en Chihuahua. Tras su renuncia que hizo pública para contender por la gubernatura, regresó a su curul.
El denunciante señala con datos hemerográficos que adjunta a la denuncia, que los meses de julio, agosto y septiembre del presente año, los medios de comunicación locales y en redes sociales, que se le ha acusado de condicionar los programas sociales a personas beneficiarias a cambio de votar por él.
E insiste en que utilizó su cargo y recursos públicos, para su beneficio electoral, a costa de programas de naturaleza social. Basado en el artículo el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, indica que dicha falta se castiga con 200 a 400 días de multa y prisión de dos a nueve años. Si el delito se comete con el uso de programas de naturaleza social, aumenta la pena hasta un tercio.
Advierte que como funcionario público, debió incidir en el bienestar de la población, el combate a la pobreza y el desarrollo humano, para fomentar un mejor nivel de vida, con los programas de los que dispuso.
“Dicha persona fue generando una serie de actos que iban encaminados a influir en el sentido del voto de las personas, lo que se puede apreciar en diversas notas periodísticas”, agrega la denuncia, que sostiene, fue para obtener votos a favor del partido Morena.
Añade:
“Con estas acciones cometió faltas administrativas como servidor público, así como hechos ilícitos que sanciona la Ley General de Delitos Electorales”.
La demanda integra imágenes de notas periodísticas y redes sociales, así como de fotografías de espectaculares de Loera en 45 puntos.
El denunciante reitera que Loera de la Rosa utilizó recursos federales para promocionarse y que en el momento de postularse candidato a la gubernatura del estado de Chihuahua, la ciudadanía lo conociera.
Esos, acusa, son actos anticipados de campaña, cometidos con el presupuesto público.
En la demanda solicita a la FGR que requiera el salario que percibía Loera; que indague si en la Secretaría del Bienestar o a su Controlaría, existe denuncia o procedimientos administrativos contra Loera de la Rosa por los hechos denunciados, y en caso de que los haya, que informe cuál fue la resolución.
Solicita además, que se requiera a la Secretaría del Bienestar el padrón de beneficiarios de los programas que tuvo a su cargo en Chihuahua y que la policía federal ministerial entreviste a beneficiarios de la entidad para indagar si condicionó el otorgamiento de los programas de manera directa o indirecta.
También pide que se requiera a la secretaria de la Función Pública, un informe para conocer si existen quejas, investigaciones o procedimiento administrativo en contra Lorea, por los hechos denunciados y de ser así, qué resolución se emitió.
A la Unidad de Inteligencia Financiera, que informe de los movimientos de las cuentas bancarias de Juan Carlos Loera o de la Secretaria de Bienestar en relación con la elaboración de los espectaculares que se colocaron en todo el estado de Chihuahua, de Doxa editorial y de la empresa Big media.
El demandante solicita que se investigue, además, qué empresa realizó los espectaculares, quién los pagó, y si Big media fue quien los realizó, que se le requiera informar quién los pago.
Agrega la solicitud para que se investigue a Doxa editorial y la empresa Big media, para conocer quién es la persona física o moral que pagó también el libro Caminando por Chihuahua y la presentación de éste, que sería el 14 de noviembre.
“Se solicite en su momento al Juez correspondiente, prisión preventiva oficiosa a Juan Carlos Loera de la Rosa, por el uso de programas sociales para fines electorales, toda vez que condicionó los citados para el voto a favor de un partido político en la próxima elección a celebrarse en el año 2021”, concluye la demanda.
Nota de la Redacción: Este texto fue modificado para corregir datos de la carpeta de investigación.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali
