Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió denunciar ante las autoridades a los delegados federales de su gobierno que han aprovechado su cargo para promocionarse de manera personal, frete a las elecciones del 2021, en las que se renovarán 15 gubernaturas.
Otro que anda en campaña y ya tapizó la ciudad de espectaculares es el diputado local de Morena Benjamín Carrera quien busca un puesto de elección popular en las próximas elecciones, incluso junto con el delegado de Chihuahua del gobierno federal Juan Carlos Loera de la Rosa están entregando información con su imagen, por lo que es más que evidente que renuncie a su cargo en las próximas horas de lo contrario pudiera ir a prisión por actos anticipados de campaña por entregar volantes con su imagen.
“No pueden hacerlo. Y, además, si hay pruebas, se tiene que denunciar y aclarar que ahora ya el fraude electoral es delito grave, el que comete un fraude electoral va a la cárcel y no tiene derecho a fianza, y para eso existe la fiscalía electoral hay que presentar denuncias”, dijo.
“Y todos ayudar para que no se compre el voto, para que no se entreguen despensas a cambio de votos, frijol con gorgojo, como lo hacían antes, que no se apoderen de las casillas como era antes, que no se rellenen las urnas, que no haya el ‘carrusel’ famoso, que no voten los difuntos, que no falsifiquen las actas, que no haya fraude pues, como era antes”.
Reforma publicó ayer que, tras cobrar 2.7 millones de pesos del erario, por lo menos cinco ‘superdelegados’ del Gobierno federal se alistan para pelear por una de las gubernaturas que estarán en juego en el proceso electoral de 2021.
Con el argumento de que existe una instrucción presidencial para no ser “burócratas de oficina”, sino servidores públicos en territorio, los funcionarios han aprovechado sus posiciones para placearse en las comunidades y promocionar su imagen en redes sociales y medios de comunicación.
Como responsables de operar los programas de Bienestar en las entidades federativas, los aspirantes viajan por los municipios, sostienen encuentros con pobladores, ofrecen apoyos, supervisan obras, participan en reuniones de seguridad y dejan registro público de sus actividades.
Los cinco ‘superdelegados’ que han sido mencionados como posibles aspirantes a gubernaturas son Alejandro Ruiz Uribe, de Baja California; Víctor Manuel Castro Cosío, de Baja California Sur; Indira Vizcaíno Silva, de Colima; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala, y Pablo Amílcar Sandoval, del Estado de Guerrero y quien renunció al cargo a principios de octubre.
Cuestionado sobre el tema, durante su conferencia matutina, el presidente recordó a los delegados que tienen hasta este sábado para dejar su cargo, si es que tienen aspiraciones para la contienda electoral del 2021.
“Pues los que trabajan en el Gobierno tienen hasta esta semana, porque se les está pidiendo que renuncien. No somos iguales a los otros gobiernos, nosotros no vamos a utilizar el Gobierno, el presupuesto público, para favorecer a candidatos y partidos, queremos que haya democracia”, indicó.
“Entonces, quienes están en el Gobierno y quieren participar van a presentar sus renuncias en esta semana, el sábado, hasta el sábado tienen”, indicó.
De acuerdo con el registro de Nómina Transparente, cada uno de estos delegados de la Secretaría de Bienestar han costado al bolsillo de los mexicanos un salario mensual bruto de 126 mil 617 pesos, es decir, más de 2.78 millones de pesos en estos 22 meses de Administración.
Los ingresos netos percibidos por los funcionarios ascienden a casi 88 mil pesos mensuales, lo que implica ingresos por 1 millón 936 mil pesos.
Algunos de los funcionarios han sido denunciados por sus propios correligionarios de Morena, sobre todo legisladores, por utilizar los programas sociales para promoverse con fines político-electorales.