Ciudad de México— La primera iniciativa para revertir la reforma energética fue presentada por Morena.
Se trata de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para echar atrás los cambios en los sectores de hidrocarburos y electricidad, en la que se plantea el fin de las rondas petroleras, así como el desconocimiento de los 111 contratos otorgados en el sexenio pasado.
La iniciativa es del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez.
Propone regresar el artículo 27 a su redacción anterior a la reforma, en el que se planteaba que no se darían concesiones, contratos, ni subsistirán aquellos que se hayan otorgado para el caso de hidrocarburos, y sería la Nación la que lleve a cabo la explotación de esos productos.
Diana Pineda, socia de González y Calvillo, comentó que para que esta propuesta pueda aprobarse, se necesitarían tres cuartas partes del Congreso y más de la mitad de las legislaturas de los Estados.
“El diputado tendría que tener mucha fuerza política dentro de Morena para poder promoverla y después para pasarla; tiene que pasar por todo el proceso de Ley que está señalado en la Constitución”, dijo Pineda.
Además, comentó que la intención de anular los contratos ya otorgados sería equivalente a una expropiación indirecta y eso motivaría demandas por indemnización al Estado mexicano, pues entrarían en juego tratados internacionales que protegen las inversiones, como el de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Los cambios también tocan al sector eléctrico, en el que se propone revertir la apertura para la participación del sector privado.
“Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”, plantea la iniciativa.
Gutiérrez señaló que la reforma energética de 2013 frenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) para ser empresa rentable.
Consideró que la inversión privada de las empresas con las que se asoció no fue significativa ni contribuyó a reducir el riesgo financiero para el Estado, ya que la inversión de Pemex cayó a 186 mil millones en 2017 y, en contraparte, su pasivo repuntó 62.8 por ciento.
La propuesta también sugiere modificaciones al artículo 25, que plantean que el sector público tenga a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 para que el Gobierno mantenga control sobre las empresas públicas y la excepción de actividades monopólicas por parte del Estado.
