Ciudad de México—Un tribunal federal rechazó impedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la entrega a Estados Unidos de la petición formal de extradición contra César Duarte, por el caso del presunto desvío de 96.6 millones de pesos.
El Octavo Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México declaró infundado un recurso de queja con el cual el ex Gobernador de Chihuahua buscaba que fueran suspendidas tanto la solicitud de detención provisional con fines de extradición como la petición formal de extradición.
El órgano jurisdiccional precisó que en este amparo los únicos actos materia de litigio son la orden de aprehensión y su ejecución, no las cuestiones relacionadas con la extradición, razón por la que no puede pronunciarse sobre temas que no son objeto de disputa legal.
“La demanda fue desechada por cuanto hace a los actos relacionados con el proceso de extradición que alegó, por lo que fue correcto que se negara la suspensión provisional solicitada”, se indica en el fallo del colegiado.
“Los efectos de la suspensión que solicita el quejoso no se relacionan de forma directa con el acto reclamado en el juicio de amparo”.
Según el tribunal, en primera instancia, la Juez Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, María Dolores Núñez Solorio, desechó la demanda de amparo por la solicitud de detención provisional y la petición formal de extradición y sólo la admitió contra el mandato de captura.
De hecho, la juzgadora le concedió la suspensión provisional contra la orden de aprehensión, aunque esa medida cautelar de momento no tiene un efecto práctico porque Duarte está preso en el Centro de Detenciones de Miami.
Con el fallo del colegiado, la Cancillería tiene la vía libre para que en un plazo máximo de 60 días pueda presentar al Departamento de Estado estadounidense la petición formal de extradición, un trámite que oficialmente implica el inicio del juicio de extradición.
En octubre del año pasado una juez del fuero común de Chihuahua ordenó la aprehensión del ex mandatario por peculado y asociación delictuosa, derivado de un supuesto desvío de 96.6 millones de pesos del erario a dos de sus empresas.
Según la imputación, de 2011 a 2014 el gobierno estatal transfirió esa cantidad a la Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y la Financiera de la División del Norte SOFOM, en las que e ex gobernador era accionista mayoritario.
Este es hasta ahora el único expediente penal por el que los Estados Unidos han aceptado tramitar la extradición del chihuahuense, quien cuenta con otras 20 órdenes de aprehensión en su contra.
